El fiscal federal Franco Picardi investiga a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello por la compra de alimentos que su cartera hizo el año pasado a través de un organismo de las Naciones Unidas, el PNUD, por un total de $14 mil millones.
El fiscal busca determinar si la operación se ejecutó dentro del marco legal correspondiente, y para ello, entre sus medidas, solicitó al PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) la entrega de información sobre el proceso licitatorio y la compra, y a la jefatura de Gabinete, la resolución que puso en marcha el convenio.
El de PNUD, es uno de uno de los dos procesos licitatorios que la ministra activó en febrero del año pasado, cuando comenzaba a escalar el reclamo de las organizaciones sociales por el reparto de mercadería para los comedores comunitarios.
Pettovello cerró un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por una cifra cercana a los $7000 millones, y otro con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el que ahora está bajo observación, por $14.000 millones de pesos, para comprar arroz, fideos y leche en polvo.
Ese dinero fue hacia los organismos para que ellos, comisión mediante, se ocuparan de poner en marcha el proceso licitatorio y ejecutaran la compra de la mercadería.
Según la denuncia, realizada por el abogado Leonardo Hernán Martínez Herrero, con la disposición firmada la ministra excedió el monto habilitado de compras sin la firma del jefe de Gabinete, que en ese entonces era Nicolás Posse.
El fiscal busca determinar si Pettovello “se encontraba autorizada a transferir al PNUD la suma de pesos catorce mil millones ($14.000.000.000) sin la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, según dice el requerimiento de instrucción.
La denuncia también pone el ojo en las comisiones. Por prestar esos servicios de compra, el PNUD cobra un 3% en concepto de “costos”.
Por ello, el fiscal también apunta a “indagar todos los aspectos relacionados con la transferencia de aquellos fondos al PNUD, y con el pago realizado en concepto de gastos de gestión (420 millones de pesos), a fin de verificar si las asignaciones y la utilización de los fondos se ajustó a lo dispuesto por las normativas legales aplicables”.
“El dinero se transfirió, pero el proceso licitatorio no terminó ni continúa, es decir que los alimentos (arroz, fideos y leche en polvo) no llegaron”, subraya la presentación.
Al PNUD, el fiscal le solicitó un informe sobre su participación en la operatoria, el detalle de la trazabilidad de los catorce mil millones de pesos y documentación relativa a la ejecución de la compra; a la Jefatura de Gabinete, el fiscal le pidió la resolución con la cual se instruyó el convenio, información sobre el plan que enmarcó el acuerdo, y las constancias y registros relacionados con la transferencia del dinero.
La denuncia quedó radicada en el juzgado federal número 12, que subroga Ariel Lijo.