La oposición en la Cámara de Diputados buscará este miércoles avanzar con un conjunto de proyectos que apuntan a mejorar la situación de los jubilados y declarar la emergencia en discapacidad. Entre las medidas clave se destaca un aumento de emergencia del 7,2% en las jubilaciones y un incremento del bono extraordinario, que pasaría de $70.000 a entre $105.000 y $115.000.
También se debatirá la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional —conocido popularmente como la moratoria jubilatoria— que permite a quienes no cuentan con 30 años de aportes regularizar su situación para acceder a la jubilación.
El temario incluye, además, la discusión de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la declaración de emergencia en zonas del norte del conurbano bonaerense, gravemente afectadas por el temporal de mediados de mayo.
La iniciativa fue impulsada por Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, y cuenta con el respaldo de distintos sectores de la oposición.
Esta convocatoria llega una semana después de una sesión frustrada por falta de quórum, cuando solo se presentaron 124 diputados de los 129 necesarios. En ese contexto, la diputada Cecilia Moreau (UxP) declaró: “Esperamos que esta vez los bloques que dicen estar preocupados por los jubilados estén presentes y den el debate que el país necesita.”
El Gobierno anticipa un veto
Sin embargo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos fue contundente: si el Congreso aprueba cualquiera de los proyectos que impliquen aumentos a jubilados o mejoras en los subsidios por discapacidad, el Poder Ejecutivo los vetará.
“No existen los recursos, en particular en el sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado. Por más que propongan aumentos de partidas, no se pueden aprobar leyes así. Si lo hacen, el Ejecutivo las va a vetar”, afirmó Francos.
El conflicto se suma a la reciente polémica por el veto presidencial a una ley sancionada en 2024 que establecía un aumento del 8,1% para jubilaciones.
La sesión de este miércoles será una prueba clave para medir la capacidad del Congreso de dar respuesta a los sectores más vulnerables en un contexto económico marcado por el ajuste. Mientras tanto, el oficialismo repite que no hay fondos y cierra filas detrás de la motosierra fiscal.