Un grupo de profesores de derecho, ex cancilleres y miembros de organizaciones de derechos humanos exhortaron al Poder Judicial argentino a garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de la persona privada de libertad, sin agravios ni humillaciones, cuestionando la tobillera electrónica que le colocaron a la ex presidenta Cristina Kirchner.
El documento analiza las condiciones de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y pone el foco en la decisión judicial que impone la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera). No se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, aunque aclara que el caso se encuentra bajo seguimiento atento de expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación al debido proceso.
El dictamen sostiene que la medida “no cumple con el principio de proporcionalidad, ya que existen mecanismos menos lesivos —como la notificación judicial a la custodia oficial permanente que ya acompaña a la ex mandataria— que resultarían igualmente eficaces”. Además, afirma que su imposición “podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica, especialmente por su carácter simbólico y disciplinador sobre una figura política de alta representación popular”.
El informe exige que “el magistrado actúe de oficio para dejar sin efecto esta medida y adecuar las condiciones de ejecución de la pena a los estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integra el bloque de constitucionalidad argentino”.
El dictamen fue elaborado y firmado por las siguientes personalidades:
- Raphael Vasconcelos (Brasil) – Profesor de derecho internacional y árbitro especializado en derechos humanos.
- Nadia Alejandra Cruz Tarifa (Bolivia) – Ex Defensora del Pueblo.
- Jordán Rodas Andrade (Guatemala) – Ex Procurador de Derechos Humanos, actualmente exiliado.
- Minou Tavárez Mirabal (República Dominicana) – Ex vicecanciller y presidenta del Fondo Fiduciario de Víctimas de la CPI.
- Lourdes Palacios (El Salvador) – Coordinadora del COFAPPES.
- Juan Carlos Moraga Duque (Chile) – Presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras.
- Pablo Vommaro (Argentina) – Director Ejecutivo electo del CLACSO.
- Bettiana Díaz Rey (Uruguay) – Senadora del Frente Amplio y parlamentaria del Mercosur.
- Estefanía Veloz (México-EE.UU.) – Abogada y periodista.