En un hecho inédito, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº2 afirmaron que los senadores no pueden visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sin autorización judicial, insinuando así que tienen potestad incluso sobre el accionar del Poder Legislativo y, potencialmente, del Ejecutivo.
Esta mañana, el tribunal resolvió que diputados y senadores que deseen visitar a la exmandataria —quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución— deberán solicitar autorización vía correo electrónico.
La resolución responde a una presentación realizada el miércoles por legisladores de Unión por la Patria (UxP), quienes informaron que concurrirían al domicilio de Cristina sin pedir permiso previo, fundamentando su decisión en los “sobrados motivos” para hacerlo. “Los jueces no deben interferir en facultades privativas de otros poderes”, advirtieron en el escrito.
El TOF Nº2 respondió que, según una resolución del 17 de junio, se estableció que debía informarse una nómina de personas autorizadas a ingresar al domicilio de la expresidenta sin necesidad de autorización judicial. Cualquier otro visitante fuera de ese listado requiere una justificación y permiso previo.
Según el tribunal, aceptar la petición de los legisladores “neutralizaría la esencia de la regla impuesta, que prevé el estudio de cada caso en particular, fuera del listado autorizado”.
En su escrito, los legisladores remarcaron que visitarán a Cristina Fernández “en cada oportunidad que sea necesaria” sin autorización judicial, exigiendo respeto por la investidura parlamentaria, la división de poderes y el mandato de representación popular. Señalaron que, en su carácter de representantes del pueblo, no necesitan permiso alguno para mantener contacto con la expresidenta.
También citaron los artículos 67 a 69 de la Constitución Nacional, que garantizan el libre ejercicio del rol legislativo sin interferencias indebidas. Además, recordaron que cualquier legislador puede visitar a una persona detenida —ya sea con prisión domiciliaria o en un establecimiento penitenciario— sin requerir autorización judicial.
“Limitar nuestro contacto no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina como una líder política indiscutida”, concluyeron.
Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación —máximo tribunal penal del país— fijó una audiencia para el 7 de julio, donde definirá si mantiene el actual régimen de visitas o lo amplía, tal como lo solicitó la expresidenta.
Por ahora, los únicos habilitados a ingresar sin autorización judicial son los familiares directos de Cristina Fernández, sus abogados y personal médico.