La inseguridad alimentaria infantil en Argentina llegó al 36% en 2024, y pegó un salto de cuatro puntos porcentuales en relación al año anterior. Al cierre del primer año de gestión de Javier Milei y su plan de miseria planificada, se registraron 4,3 millones de niñas y adolescentes con dificultades alimentarias.
Estos datos se desprenden del último informe del Observatorio de la Deuda Social que elabora de manera periódica la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA).
El ODS – UCA analizó el comportamiento de esta problemática durante los últimos 15 años (periodo 2010-2024) y detectó un agravamiento de la situación a partir de 2018, fecha que coincide con el proceso de endeudamiento del macrismo con el FMI y el avance de la pobreza estructural; también hubo otro pico durante la pandemia y un último salto en 2024, durante el primer año de la administración Milei.
La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas. “Puede manifestarse de forma leve (preocupación por no contar con alimentos por problemas económicos), moderada (reducción en cantidad o calidad de la dieta de la familia y en particular de los adultos) o severa (privación en la ingesta y en particular en los niños/as)”, aseveraron desde el informe elaborado por el ODS-UCA.
“Para enfrentar eficazmente la inseguridad alimentaria infantil es crucial implementar políticas públicas integrales centradas en la inclusión laboral, el fortalecimiento de programas de transferencia de ingresos como la AUH (+TA), y la construcción de sistemas de protección social intersectoriales”, puede leerse en el informe.
Las situaciones de inseguridad alimentaria se disparan en aquellos hogares donde predomina el empleo precario. Durante 2024, llegó a un máximo del 51% -dentro del grupo de hogares con mayor informalidad laboral- cuando en 2019 había sido del 43%.
Milei asumió con una de las tasas de desocupación más bajas de por lo menos los últimos 30 años, en el orden del 5,7% en la segunda mitad del 2023, para llevarla en los primeros quince meses de gobierno al 7,9%.
Desde noviembre 2023 al mes de marzo 2025, se destruyeron 173.563 puestos de trabajo registrados. Si se considera la caída en la registración de empleo en casas particulares, la reducción total del empleo formal alcanza los 195.700.
Al segundo semestre de 2024, empeoraron las condiciones de vida de la población de manera estructural como consecuencia de las políticas de miseria llevadas adelante desde la administración Milei.
De acuerdo al último informe sobre los indicadores de las condiciones de vida del Indec, el año pasado empeoraron las situaciones de hacinamiento. Producto de la crisis económica, se agudizó el fenómeno de aglutinamiento de personas dentro de los hogares. Un escenario de pobreza estructural que también posee incidencia en las situaciones de inseguridad alimentaria.
Según el Indec, al cierre del año pasado había 1.244.000 personas con problemas hacinamiento crítico (4,2%), cuando en 2023 habían sido 1.218.000 personas (4,1%).