El genial Arturo Jauretche decía: “Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”. Con esas pocas palabras, don Arturo —junto a una pila de pensadores nacionales como Abelardo Ramos, Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui o Puiggrós— no dudaba en caracterizar al “cipayo”: ese ciudadano que favorece las políticas y acciones de las potencias extranjeras en detrimento de su propio país.
Por estas horas, la sociedad argentina se entera de que altos funcionarios de la Procuración del Tesoro Nacional y de la empresa YPF habrían filtrado información confidencial al fondo buitre Burford, en el marco del juicio que se lleva a cabo en Nueva York por la estatización de YPF.
El propio gobierno debió reconocer en el Boletín Oficial la existencia de filtraciones dentro de la Procuración del Tesoro, lo que derivó en la reducción de su planta y el despido de más de 60 personas. En realidad, la oficina de los abogados está a cargo de Santiago Castro Videla, quien mantiene vínculos con el fondo Burford Capital, junto a su socio Alberto Bianchi, que trabajó directamente en el litigio contra la Argentina.
Por supuesto, el gobierno cipayo de la Casa Rosada señaló que los despidos se deben a una supuesta “reestructuración” del organismo, y no al hecho de haber operado a favor de los litigantes extranjeros. “Achicar el Estado es agrandar la Nación”, repiten, mientras despiden a decenas de técnicos del Estado nacional y benefician con ello a los fondos buitre. Entre las áreas disueltas se encuentra incluso la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
El escándalo estalló cuando desde la Procuración comenzaron a detectar que parte de las estrategias jurídicas confidenciales que elaboraba la República parecían ser anticipadas por los poderosos estudios jurídicos que litigan contra el país.
La “reestructuración” implicaría la disolución de áreas internas y un rediseño del esquema de trabajo en la Procuración. Entre los principales cambios se destacan: la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias”, la “reorganización de funciones superpuestas” y la “reasignación de competencias estratégicas”. También se informó sobre una nueva política de “ahorro y reasignación de recursos”, que incluyó desde el inicio de la gestión la reducción de comitivas y gastos en viajes oficiales.
Por ahora, el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, según informó la Procuración.
El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Loretta Preska, que había ordenado que la Argentina entregara su 51% de participación en YPF a los demandantes, en un juicio por más de 16.000 millones de dólares.
Si Jauretche viviera, no necesitaría cambiar una sola palabra: el cipayo sigue vivo y opera desde adentro del Estado. Hoy, disfrazado de tecnócrata, abogado o “reformista”, le entrega armas al enemigo financiero para que embargue nuestra soberanía energética. No es sólo un juicio contra YPF: es un capítulo más del saqueo planificado.