El Ministerio de Seguridad bonaerense apartó este miércoles a 24 oficiales de la Policía provincial, acusados de planear una “conspiración” contra la propia fuerza, en coordinación con el primer candidato a diputado por la Tercera Sección Electoral de La Libertad Avanza, el comisario retirado Maximiliano Bondarenko.
La medida fue confirmada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien detalló que la Auditoría de Asuntos Internos intervino tras recibir una denuncia anónima. La misma señalaba que los 24 policías utilizaban oficinas y recursos estatales para “confabular” contra la fuerza, y que su objetivo era concretar un “golpe al comando institucional” con el fin de ocupar puestos clave.
En declaraciones a Radio 10, Alonso explicó: “La denuncia daba cuenta de la confabulación de un grupo de unos 24 policías, algunos de ellos oficiales destacados de la institución, entre los que se incluiría este candidato como policía retirado, que usaban los elementos del Estado para brindarle apoyo político”. Además, recordó que, según la ley orgánica, los miembros activos de la policía “no pueden organizarse políticamente”.
El ministro indicó que se hallaron pruebas en equipos informáticos de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, que demostrarían que se planificaban “una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la Policía”. Parte de esas acciones incluían a los implicados como “nuevas autoridades” en un eventual golpe institucional.
De acuerdo con el artículo 58, inciso 10, del Decreto Ley 9.550 —Ley Orgánica de la Policía de la Provincia—, será sancionado con cesantía o pase a retiro todo aquel que “intervenga o participe en política, en la organización de partidos políticos o en su gestión, salvo el personal retirado”.
Según la página oficial, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas tiene como función la protección del ecosistema en el ámbito de la provincia, a partir de denuncias o reclamos sociales. Además, está encargada de la instrucción sumarial por delitos o faltas ambientales, y de la atención inmediata de siniestros que impliquen riesgos para la población o el entorno, mediante la adopción de protocolos específicos y el uso de equipos de protección especializados.