El triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas del 26 de octubre, le dio a Javier Milei el empuje que necesitaba para impulsar lo que él llama “reformas de segunda generación”. Entre ellas, la prioritaria pareciera ser la reforma laboral, un proyecto que por estos días circula en versión borrador entre gobernadores, empresarios y algunos legisladores.
El texto contempla desde la eliminación de indemnizaciones plenas, hasta la posibilidad de que los empleadores pacten salarios “dinámicos” que suban o bajen según la situación de cada empresa.
En la reunión del jueves último en Casa Rosada, con 20 de los 24 mandatarios provinciales, el presidente desplegó parte de su plan. “Hay consenso absoluto para avanzar con la reforma laboral”, afirmó en declaraciones posteriores al canal A24. Los ausentes -por indicación presidencial- fueron los gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Milei justificó el desplante con una bravuconada: “No nos podemos juntar con gente a la que dos más dos, no le da cuatro”.
El objetivo del Gobierno es construir un frente político sin oposición ni fisuras, que acompañe en el Congreso las modificaciones que antes fracasaron en la Ley Bases, y quedaron frenadas por la Justicia cuando se intentaron vía DNU 70/2023.
El documento que circula entre provincias y cámaras empresarias retoma gran parte de lo que Milei intentó imponer en diciembre de 2023 y que la movilización sindical logró frenar. El proyecto ataca la estructura básica del derecho laboral argentino en varios frentes simultáneos.
La reforma propone priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad. Bajo el argumento de “individualizar condiciones laborales según las particularidades de cada compañía”, la administración libertaria busca fragmentar la negociación colectiva y debilitar el poder de los sindicatos nacionales. En la práctica, esto abre la puerta para que cada empresa pacte condiciones a la baja, rompiendo los pisos salariales y normativos que hoy establecen los convenios de rama.
En tanto, la eliminación de la ultraactividad significa otro golpe al movimiento obrero. El borrador sustituye el artículo 6° de la Ley 14.250 para establecer que los convenios vencidos sólo mantendrán vigentes las “cláusulas normativas” (condiciones de trabajo), pero únicamente “hasta tanto entre en vigencia una nueva convención o exista un acuerdo de partes que la prorrogue”. Las cláusulas obligacionales —que incluyen compromisos de capacitación, regulación de carrera interna, entre otros— caerán automáticamente al vencer el plazo. La medida apunta a presionar a los sindicatos: o aceptan nuevas condiciones en tiempo récord, o pierden derechos conquistados.
Los llamados “salarios dinámicos” representan otra novedad de riesgo. El proyecto habilita la incorporación de “componentes retributivos dinámicos adicionales de naturaleza variable” que contemplarían “el mérito personal del trabajador, la situación económica de la empresa y la actividad”. Estos componentes —cuya evaluación quedaría en manos del empleador— no generarían derecho adquirido: el texto especifica que “no podrán resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre”. La arbitrariedad patronal tendría carta blanca para definir quién merece cobrar más y quién no.
El capítulo sobre formas de pago también innova en flexibilización. El borrador habilita pactar sueldos en la moneda que se convenga, e incluso abre la puerta al pago en especies. Si bien el nombre “ticket canasta” no aparece explícito, la ley regula exhaustivamente las “prestaciones de alimentación” bajo la figura de “beneficios sociales no remunerativos”. Eso sí: estos importes monetarios para comidas fuera del establecimiento no pueden superar el 10% de la remuneración mensual para mantener su carácter no contributivo. La operación busca distraer conceptos del salario imponible para reducir cargas sociales.
El sistema de “banco de horas” legaliza jornadas extendidas bajo el manto de la “flexibilidad”. El artículo 197 bis del proyecto permite que las convenciones colectivas establezcan regímenes donde se compensen horas extras con descansos en otros momentos. La única restricción: respetar las 12 horas de descanso entre jornada y jornada. En la práctica, esto habilita jornadas de hasta 12 horas consecutivas, siguiendo el modelo griego que la reforma toma como inspiración.
Mientras, la figura del “colaborador independiente” busca legalizar la informalidad en microempresas. Bajo el concepto del emprendedurismo, se crearía la categoría de trabajador independiente con colaboradores: independientes que contratan hasta cinco trabajadores, también como independientes. La operación es simple: transformar relaciones laborales en contratos comerciales para eludir todas las obligaciones patronales.
Y el tiro de gracia final viene con el fin de la indemnización tradicional. El nuevo régimen habilita a los empleadores a constituir un sistema de capitalización —denominado “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”— que sustituiría la indemnización por antigüedad. El trabajador aportaría mensualmente a un fondo que, en caso de despido, cubriría las obligaciones patronales. El mecanismo traslada el costo del despido del empleador al empleado, por lo que termina convirtiendo un histórico y natural derecho, en un seguro privado.
De esta manera, y al contrario de lo que promete el Gobierno, la experiencia internacional muestra que estos sistemas terminan precarizando al extremo las condiciones de trabajo, ampliando la pauperización remunerativa y vulneración laboral a los trabajadores en su conjunto, ya que terminará formalizando lo que hoy transcurre en la informalidad.