En un contundente fallo que provocó un cimbronazo en la Casa Rosada, en las últimas horas el juez Sebastián Casanello dispuso la citación a indagatoria del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, para el próximo miércoles 19, como así también de otras 14 personas, entre ellas funcionarios, ex funcionarios y empresarios del sector farmacéutico, sobre quienes pesa la acusación de haber cometido “graves hechos de corrupción” en la compra de medicamentos de alto costo para discapacitados.
Luego de tres meses de investigación, en el marco de la causa abierta a raíz de la filtración de los audios en los que Spagnuolo confesaba la existencia de coimas, el fiscal Franco Picardi reconstruyó el modus operandi de lo que describió como “un esquema estructurado” para “obtener amplias sumas de dinero de manera indebida” en perjuicio del Estado y de los derechos de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Picardi estableció que quienes serán llamados a declarar formaban parte de un grupo de Whatsapp en el que se conspiraba desde inicios de 2024 –e incluso desde antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno– con hacerse del control de la ANDIS, y en el que se nombra no sólo a Spagnuolo sino a Karina Milei, como la persona a la que “debían llegar” porque “es la que define todo”.
Asimismo, el dictamen del fiscal también introduce una nueva bomba en el caso y echa luz sobre una posible maniobra de “lavado” del dinero recaudado a través de dos firmas –Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.– que nada tienen que ver con la discapacidad o las drogas legales, sino más bien con las otras: ambas empresas están vinculadas a un empresario de nombre Sergio Mastropietro, a quien se señala como uno de los partícipes de la primera reunión en la que se conocieron José Luis Espert y Federico “Fred” Machado, ya extraditado y en manos de la justicia de Estados Unidos, donde enfrenta un proceso por posible narcotráfico.
En el marco de la investigación, se detectó una organización delictiva, con direccionamiento en las compras de medicamentos e insumos de alto costo, sobreprecios y pagos de sobornos a funcionarios públicos.
El dictamen de Picardi describe la operatoria de la corrupción de la ANDIS en dos pasos:
– Primero se manipuló el mecanismo de compulsa de precios para “restringir artificialmente la competencia” y que sean las cuatro firmas apuntadas las que se repartieran entre sí el negocio. “Profarma S.A. y Génesis S.A”., dice el dictamen, “operaron como los principales vehículos de adjudicación de medicamentos, mientras que New Farma S.A., Droguería Floresta S.A. lo fueron en la provisión de implantes auditivos”. Cada grupo, a su vez, actuaba como “oferente de cobertura” del otro, para dar una eventual “apariencia de competencia a procedimientos que, en realidad, se encontraban previamente definidos”.
– En un segundo momento, una vez consolidado el control de las licitaciones, el grupo de empresas beneficiadas procedió a incrementar sostenidamente los precios de los medicamentos.
“De este modo, se distribuían ganancias de manera preacordada; y todos ganaban”, dice el fallo. Esas ganancias, agrega, no habrían podido llevarse a cabo sino a través de “maniobras fraudulentas” y “la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.
El reparto (multimillonario) fue así: Génesis S.A. y Profarma S.A. se llevaron más del 90% de los más de $30 mil millones que se adjudicaron en las distintas licitaciones entre julio de 2024 y agosto de 2025 en los medicamentos de alto costo; mientras que New Farma S.A. y Floresta S.A. lograron el 51,67% de los $13 mil millones adjudicados en el mismo período, más otro 50,36% de los $5 mil millones en el rubro de los implantes cocleares y audífonos.
Estas presuntas maniobras fueron realizadas en perjuicio de la administración pública, y en particular del sector poblacional con discapacidad, de especial vulnerabilidad, adherido al Programa Incluir Salud, que está destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros).
Para el fiscal, Spagnuolo “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales. Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”.
Además, Picardi considera que tanto el ex titular de la ANDIS como el ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, “permitieron que personas ajenas a la ANDIS tomaran decisiones sobre asuntos públicos y las prestaciones que debía o no cubrir el organismo e incluso que intervinieran en la administración de los recursos dinerarios de la agencia para obtener beneficios económicos a cambio. A la par, que permitieron que personas externas tuvieran operadores/as dentro de la ANDIS, designados en pos de garantizar y coordinar los diversos beneficios”.
“De este modo, mediante acciones concretas, ambos garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado; todo lo cual es contrario a los fines de dicha entidad, especialmente pensada para diseñar e implementar políticas sociales para personas vulnerables”.