En un hecho que no registra antecedentes, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, se presentó ante un comité contra la tortura de las Naciones Unidas (ONU), y cuestionó abiertamente la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. De inmediato, desde los organismos de DDHH salieron a cruzar el mensaje negacionista del funcionario de Javier Milei.
Baños repitió la teoría de sectores que afirman que ese número fue creado para acceder a subsidios económicos. Además, acusó a los organismos de derechos humanos de intentar “cuestionar a la República Argentina” y afirmó que, al no poder negar la cifra para no caer en “negacionismo”, la verdad ya no les interesa.
El Comité contra la Tortura de la ONU se convirtió en el nuevo escenario para que el Gobierno nacional exhiba su negacionismo sobre el terrorismo de Estado durante la última dictadura y su crueldad hacia los organismos de derechos humanos, familiares y víctimas.
Argentina compareció al examen representada por una comitiva que encabezó el subsecretario Baños, el ex juez designado para vaciar un organismo que fue clave en el impulso a las causas y juicios por crímenes de lesa humanidad, y que ahora desmantela las políticas de Estado sobre derechos humanos, y desfinancia los programas y sitios de Memoria.
“Se adujo que se han olvidado, que se han dejado de lado las políticas de memoria. Eso es falso. La política de memoria en los términos de la gestión actual se está cumpliendo con una memoria amplia, no como pretenden algunos ideólogos del pasado. Se afirma que se han cerrado sitios de memoria, es falso. Ningún sitio de la memoria ha sido cerrado. Se dice que los sitios de la memoria están abandonados, que es falso”, sostuvo Baños, en un tono que demostraba su enojo con los comisionados por las preguntas que le había realizado.
Es verdad, los sitios no fueron cerrados, pero muchos de ellos se vieron obligados a reducir las jornadas de atención, mientras que solo logran mantenerse gracias a la voluntad de organismos y trabajadores.
Asimismo, Baños eligió atacar a los organismos, en particular al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a quienes acusaron de aportar información falsa. “Pretenden tener a la República Argentina de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”, manifestó.
Aseguró que los organismos de derechos humanos critican su gestión porque él terminó con la corrupción en el área, una idea que impulsan los sectores negacionistas desde hace años, y que en el gobierno de Macri tomó la forma del “curro de los derechos humanos”.
“Aquí de lo que se trata es que hay organismos que están advirtiendo que los negocios del pasado se acabaron. Lamentablemente, más allá de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos y nosotros no lo vamos a tolerar”, aseguró, para sostener que su gestión va “por un sistema de memoria completa, no soslayada, no sesgada”.
En línea con el discurso del gobierno, Baños recordó las víctimas de la guerrilla y cómo no fueron tenidas en cuenta por “los hacedores de memoria”.
“Hablamos de memoria, hablamos de verdad. La verdad que a estos organismos no les interesa. Porque una verdad en la que ya adelantan que si uno llegara a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el periodo de la dictadura militar de 1976 – 1983 automáticamente cae en el negacionismo. Y todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número, porque además hoy en día quien lo ideó lo reconoce públicamente y lo dice públicamente y hay un montón de reportajes que en los medios y en las redes sociales están guardados donde confiesa por qué se hizo y con qué intención se hizo”, señaló el ex juez.
Repudio
“Es repudiable, como todo lo que está haciendo este gobierno. Es lamentable el papel que está haciendo el subsecretario porque está ofendiendo la memoria de nuestros hijos”, denunció Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
“Nosotros también querríamos que la memoria se complete: con información acerca de dónde están las 300 nietas y nietos apropiados que faltan, con el destino de los 30.000 desaparecidos, y la verdad sobre lo que hicieron con ellos. Lo poco que se conoce sobre lo ocurrido con las víctimas de la dictadura ha sido gracias a la valentía de los y las sobrevivientes y a las políticas de Estado de gobiernos anteriores, que permitieron ir identificando a algunos de nuestros familiares en fosas comunes. Ningún genocida confesó qué hizo con ellos”, contestaron desde Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S Capital.
“Más que discutir el número, es el Estado nacional, a través de las Fuerzas Armadas, el que tiene que decir cuántas víctimas fueron, cómo las eliminaron y qué hicieron con sus restos”, opinó en el mismo sentido Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Para él, el discurso de Baños fue “vergonzoso” en función de la historia que tiene la Argentina.
“Los avances de la Argentina siempre eran aplaudidos en los organismos internacionales. Cada vez que dábamos un informe sobre las políticas de memoria –que se implementaron por la decisión de Néstor y Cristina–, los otros países venían a felicitarnos”, agrega, por su parte, Horacio Pietragalla Corti, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación. “El papelón internacional que Baños está llevando adelante es increíble. Solo puedo decir que siento vergüenza ajena”.
Para la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), ya no se trata de una cuestión discursiva que va horadando el consenso democrático en torno a la no repetición y el Nunca Más. “Tiene efectos concretos en el ámbito internacional. Hay que asumir que estamos frente a un Estado fascista que, además, pretende utilizar las estructuras creadas para la Memoria, Verdad y Justicia en pos de recuperar la impunidad de la que gozaron los genocidas”, sostiene.