
irmfUna semana después de que el gobierno argentino votara por primera vez en Naciones Unidas en contra de la resolución para la prevención y eliminación de toda forma de tortura —alineándose con Estados Unidos e Israel—, el presidente Javier Milei avanzó con dos nombramientos que encendieron alarmas en la política y en los organismos de derechos humanos: un general al frente del Ministerio de Defensa y, en Seguridad, una funcionaria formada por Oscar Naranjo, un ex general colombiano denunciado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en su país y en México.
Un general en el gobierno
En un hecho inédito desde la recuperación democrática de 1983, Milei designó al teniente general Alberto Presti como ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri. La decisión causó fuerte preocupación.
“El nombramiento es un enorme retroceso para la democracia argentina y para las Fuerzas Armadas como institución”, declaró el ex ministro Agustín Rossi.
El diputado electo Jorge Taiana expresó algo similar: “Nombrar a un militar como Ministro de Defensa implica la utilización partidaria de las Fuerzas Armadas, haciéndolas parte de las decisiones políticas de un gobierno que ha renunciado a la defensa de la soberanía, incluidas las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y el sector Antártico Argentino”.
La agrupación HIJOS Capital resaltó que el nuevo ministro no solo es un militar en actividad —algo que no ocurría desde 1983—, sino también hijo del coronel Roque Carlos Alberto Presti, ex responsable del Área Operacional 113 durante la última dictadura. Ese circuito represivo incluía, entre otros, los centros clandestinos La Cacha, La Calesita, Comisaría Quinta y Arana. Presti padre murió imputado por crímenes de lesa humanidad.
En Seguridad, otro escándalo
El presidente también decidió designar como ministra de Seguridad a Alejandra Monteoliva, discípula directa del general colombiano Óscar Naranjo, ex comandante de la Policía Nacional de Colombia y figura señalada por su relación con grupos parapoliciales, ejecuciones extrajudiciales y operaciones que terminaron con la muerte de estudiantes.
Naranjo, tras su retiro en 2012, fue asesor de la DEA y luego consultor del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, bajo cuya gestión ocurrió el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
¿Quién es el general Naranjo? Un prontuario internacional
Aunque se hizo mundialmente conocido por su rol en el cerco a Pablo Escobar, Naranjo fue durante años la mano derecha de Álvaro Uribe, presidente acusado por organizaciones internacionales de sostener una red de desapariciones forzadas, falsos positivos y vínculos con paramilitares.
Entre los hechos más graves atribuidos a la estructura de la que Naranjo formó parte:
- La represión sangrienta en la toma del Palacio de Justicia (1985), donde murieron 99 personas, incluidos 11 magistrados.
- La desaparición de 11 civiles por parte del Ejército, entonces relacionado con el M-19.
- Su papel central en Operación Fénix (2008), que asesinó al comandante de las FARC Raúl Reyes y a estudiantes mexicanos que participaban de actividades de paz.
- La invasión del territorio ecuatoriano, que provocó un escándalo internacional y pedidos de extradición contra él por parte del gobierno de Rafael Correa.
Pese a estar denunciado por asesinatos, desapariciones y presuntos vínculos con el narcotráfico, Naranjo fue ascendido en 2010 a general de cuatro estrellas —algo inédito para un policía en Colombia— gracias al respaldo de Uribe y luego de Juan Manuel Santos.
Preocupación en los organismos de derechos humanos
El nombramiento de Monteoliva, formada por un militar señalado por graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, México y Ecuador, generó inquietud entre organismos argentinos.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que poner en Seguridad a una funcionaria influenciada por la doctrina de Naranjo —vinculada a estructuras parapoliciales, operaciones ilegales y estrategias represivas con aval de la DEA— constituye un giro extremadamente peligroso para la democracia argentina.
Con un general en Defensa y una ministra formada por uno de los personajes más sombríos de la seguridad latinoamericana, el gobierno deja en claro su hoja de ruta: menos democracia, más represión y una peligrosa admiración por modelos que en otros países dejaron muertos, desaparecidos y fosas comunes. No es casualidad ni error: es ideología pura. Y frente a ese avance, queda una sola certeza —si el pueblo no levanta la voz hoy, mañana será demasiado tarde.
