Cuando parecía que Axel Kicillof había encontrado el alivio que necesitaba cuando la Legislatura bonaerense aprobó la Ley de financiamiento para la toma de deuda, el Gobierno nacional amenaza con poner una vez más palos en la rueda para seguir complicando la gobernabilidad de la provincia, por lo que ya advierten directamente sobre la posibilidad de no autorizar el endeudamiento por el monto total de 3.695 millones de dólares, prolongando así el suspenso y generando otro cruce entre la Casa Rosada y la Provincia.
En otras palabras, mientras se produjeron fuertes cruces y reclamos mutuos a partir del momento en que se aprobó la ley en la madrugada del jueves último, Javier Milei tiene ahora en sus manos la potestad de decidir si autoriza o no a Kicillof a tomar la deuda que logró gracias al apoyo de diferentes bloques, pero con el rechazo de La Libertad Avanza.
El aval de la Casa Rosada es ahora la línea divisoria: aunque el mandatario bonaerense logró sortear resistencias internas y de la oposición para que la Legislatura aprobara el pedido, se encendió otra disputa entre la Provincia y la Nación. Es que la definición del ministerio de Economía será, en los hechos, la que determine si ese paquete se transforma en recursos o en conflicto político.
Kicillof, sin embargo, transmitió en las últimas horas que considera una “puesta en escena” las dudas sembradas en las declaraciones del ministro Luis “Toto” Caputo y del diputado y titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, y que, según su mirada y la de su equipo, no habrá problemas para que la gestión encabezada por Javier Milei habilite finalmente el financiamiento.
Desde el entorno del gobernador niegan drama, porque aseguran que la Provincia cumplió los requisitos técnicos para la autorización. La estrategia comunicativa bonaerense busca restar tensión pública y transmitir que, a nivel técnico, no existen obstáculos insalvables para el aval nacional.
“Estamos muy tranquilos, porque cumplimos con todos los parámetros para tener la aprobación”, afirmó un integrante del Gabinete bonaerense.
“Es humo para la tribuna. Caputo está al tanto de las cuestiones técnicas, y lo van a autorizar. De lo contrario, la Provincia caería en default y quedaría en riesgo la condición crediticia del país. Sería también un tiro en el pie para ellos”, completó el argumento que sostendrán los funcionarios llegado el momento de avanzar con el endeudamiento.
Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que sería un “escándalo” que le denegaran a la Provincia la posibilidad de endeudarse, y advirtió que si eso ocurre, lo van a denunciar en la Justicia. De esa forma, el conflicto escaló intensamente durante los últimos días, con un final incierto.
El costo de un eventual rechazo no sería sólo político: la Provincia advierte que, sin la posibilidad de refinanciar, deberá absorber pagos en dólares que complicarían el financiamiento de salud, educación y obras. Por eso mismo, la estrategia bonaerense apunta a gestionar desembolsos por tramo y a apelar a la presión técnica y política para forzar la autorización.
No se trata sólo de cifras abstractas: parte del paquete aprobado tiene destino específico —por ejemplo, 400 millones de dólares para proyectos energéticos y aportes a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa)—, lo que complica aún más el escenario si el desembolso se retiene o se condensa en objeciones formales. La asignación por obras le da a la discusión una dimensión práctica que impacta en contratos y plazos que la Provincia ya contemplaba.
Desde la gobernación admiten que no hay una fecha cerrada para solicitar el aval, y que las emisiones se harán “a medida que vayamos necesitando”, analizando ventanas de mercado. El trámite exigirá pasos técnicos por el Ministerio de Hacienda nacional, el Ministerio del Interior y finalmente el Banco Central; además la Nación puede ir autorizando emisiones por tramo, no necesariamente por todo el monto de una sola vez.
La reacción oficial nacional tuvo dos voces públicas: primero Caputo cuestionó el cumplimiento de la Provincia con la Ley de Responsabilidad Fiscal —señalando que gastos corrientes crecen por encima de la inflación— y luego Pareja habló de rechazo a acuerdos “a espaldas de la ciudadanía” que, según él, incrementan estructuras improductivas. Esas críticas han servido tanto para justificar un eventual veto parcial como para reproducir la discusión en clave de campaña.
“Que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito, Toto”, ironizó Kicillof, enfocado en el ministro de Economía. “La ley se llama refinanciamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal”, replicó el gobernador el viernes, consultado sobre la nueva controversia.
“Más lío no nos pueden armar. Nos deben 13 billones de pesos, no sé ni qué hablan los libertarios”, cuestionó el mandatario bonaerense.