Mientras la carne aumenta semana tras semana, la inflación no da tregua y el gobierno decidió otorgar a los jubilados un aumento de apenas 8.423 pesos para enero —una cifra que no alcanza ni para comprar un kilo de carne picada—, el oficialismo vuelve a mostrar su verdadero programa: ajuste brutal y desprecio abierto hacia los adultos mayores. Un modelo que ya no disimula su crueldad y que muchos califican sin eufemismos como una política de exterminio social contra los abuelos.
Como si ese recorte no fuera suficiente, Patricia Bullrich dio un paso más y adelantó que el gobierno evalúa “terminar” con el PAMI, al que calificó como un “gasto brutal”. Para completar el cuadro, la ministra comparó a los jubilados con “autos chocados”, una metáfora que desnuda la mirada deshumanizante del oficialismo sobre millones de personas que trabajaron toda su vida.
Las declaraciones fueron realizadas en el canal de streaming Economía de Quincho, donde Bullrich —histórica promotora de recortes y flexibilización— fue todavía más lejos: “Conceptualmente, el PAMI es un error. Es como si tuvieras una compañía de seguros en la que todos los autos chocan”.
La frase no es casual ni aislada. Llega en un contexto en el que el Gobierno ya trabaja en una Reforma Previsional que pretende llevar al Congreso durante el verano, con el objetivo de reducir el gasto público a costa de jubilaciones, pensiones y prestaciones básicas de salud.
El ajuste como dogma y la crueldad como método
Para Bullrich, el problema no es mejorar el sistema, corregir fallas o invertir en salud pública, sino directamente desmantelar la obra social más grande de América Latina.
“Cuando vos tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro: es un gasto brutal acumulado”, sostuvo, dejando en claro que, para el gobierno, envejecer es un problema fiscal y no un derecho social.
En lugar de asumir la responsabilidad del Estado, la exministra propuso una salida tan absurda como peligrosa: “Sería mucho más barato darle el aporte que pagan los jubilados al sindicato”, argumentando que las obras sociales sindicales “se sacan de encima a los afiliados a los 60 o 65 años”.
La propuesta abre un interrogante alarmante: ¿qué pasaría con los más de cinco millones de jubilados y pensionados que hoy dependen del PAMI para acceder a medicamentos, tratamientos, estudios y atención médica? Bullrich no lo explicó. Tampoco el gobierno.
El mensaje es claro y brutal: para el gobierno libertario, los jubilados sobran. No son sujetos de derecho, son un “gasto”. No son personas, son “autos chocados”. Primero les licúan los haberes, después les quitan los medicamentos y ahora quieren dinamitar el sistema de salud que los contiene.