Luego de la masiva movilización de trabajadores en Plaza de Mayo, el dirigente de la CGT Jorge Sola, del Sindicato del Seguro y uno de los triunviros de la nueva conducción, fue contundente: “Es el primer paso de un plan de lucha. Si siguen sin escucharnos los que están acá atrás”, dijo en referencia a la Casa Rosada, “terminaremos en un paro nacional”. Luego agregó: “No hay libertad sin justicia social, le pese a quien le pese”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la movilización en rechazo al proyecto de reforma de la Ley Laboral. “Este proyecto de reforma no tiene un solo elemento que beneficie las condiciones de las y los trabajadores: en un contexto en el que todos los sectores la están pasando mal, esta ley podría empeorar aún más la situación de la inmensa mayoría de nuestro pueblo”, sostuvo. Además, agregó: “Todos los días vemos cierres y suspensiones, consecuencia de un Gobierno nacional que le da la espalda a la producción: fueron sus políticas las que han destruido 250 mil puestos de trabajo en los últimos dos años”.
La marcha de los trabajadores se hizo notar de manera contundente en todo el país.
En un documento, la CGT definió al proyecto como regresivo y sostuvo que “constituye un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Según el texto, la reforma laboral impulsada por Javier Milei “se apoya en una matriz ideológica que concibe el trabajo como un costo a reducir y no como un derecho humano, protegido por la Constitución Nacional, la legislación vigente y los tratados internacionales ratificados por nuestro país”.
El documento denuncia que, “bajo el discurso de la modernización y la competitividad, se pretende avanzar sobre derechos individuales y colectivos, debilitar la negociación colectiva y a las organizaciones sindicales, e imponer un modelo de relaciones laborales que profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad”.
Además, el texto cegetista sostiene que “este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos: promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas laborales extendidas y salarios fragmentados”.
También advierte que “se limita la acción gremial, se amplía el poder disciplinario del empleador, se atomiza la organización sindical y se modifican las condiciones para la negociación colectiva; en definitiva, se violenta la libertad sindical y el ejercicio efectivo de la representación”.
El documento señala que “el llamado ‘costo argentino’ no son los salarios ni los derechos laborales, sino la especulación financiera, el industricidio y las políticas económicas que desalientan la inversión productiva”. Y afirma que “una verdadera modernización laboral no es derogar derechos”, sino que debe “incluir a quienes hoy trabajan en la informalidad, a las y los trabajadores de plataformas digitales y a quienes integran cadenas productivas en condiciones precarias o tercerizadas, asegurando protección social, registración laboral y representación colectiva”.
Finalmente, el texto sostiene que “el movimiento sindical representa a todos los trabajadores, a quienes tienen trabajo y a quienes no lo tienen”, y exige “igualdad en el tratamiento para todos los sectores, en especial para los más afectados por el actual modelo económico de exclusión”.
Se concluye que “el Gobierno elige a quién favorecer” y detalla: “Atiende las demandas de sectores del capital financiero en procura de brindar señales a los mercados, pero no atiende las demandas del pueblo trabajador”.
