La reforma laboral de Milei no tiene el objetivo de ordenar el mercado de trabajo ni de crear empleo, sino que aspira a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. La novedad es que se postergó el debate en el Congreso para febrero, tiempo suficiente para que diputados y senadores profundicen en el análisis del proyecto que pretende, con una ingeniería legal, arrasar con derechos históricos de los trabajadores e intervenir sobre cuatro pilares políticos:
– Disciplinar a los trabajadores.
– Desarmar el poder sindical.
– Fragmentar el mundo del trabajo.
– Recomponer la tasa de rentabilidad empresarial con una gigantesca transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital.
En un detallado análisis para El Destape, el periodista Alfredo Zaiat destaca que cada uno de estos pilares aparece en artículos, incisos y definiciones que, leídas en conjunto, cambian la relación de fuerzas entre capital y trabajo.
Al respecto, plantea que una reforma laboral no crea empleo por sí sola, ya que el principal determinante del incremento del empleo es la actividad económica. En este sentido, el experimento económico liberal-libertario puede mostrar un resultado desastroso: según datos oficiales, el 2025 será el único año, desde la recuperación de la democracia en 1983, que con crecimiento económico no se creó ni un solo puesto de trabajo formal adicional; por el contrario, hubo destrucción neta.
La experiencia internacional muestra, además, que las reformas flexibilizadoras no generan una mejora de la productividad ni más empleo, pero sí aumentan la desigualdad. Por eso, cuando el Gobierno promete “más empleo” con menos derechos, vende una ilusión, por cuanto lo que realmente busca es disciplinar.
Un reciente informe de C-P Consultora explica que “no existe evidencia de que la flexibilización de las condiciones de trabajo genere mejoras en los niveles de empleo”. En Argentina, el período de mayor creación de empleo fue 2002-2007, con recuperación del marco de protección laboral e incluso con la norma de doble indemnización, y en términos generales el ciclo político del kirchnerismo hasta el 2015 tuvo un saldo muy positivo en la expansión del mercado de trabajo. Las reformas flexibilizadoras de los noventa, en cambio, convivieron con más desempleo e informalidad.
Un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), de la Universidad de San Martín, indica que “se necesita una reforma laboral, pero no esta reforma laboral”. Apunta que, bajo el argumento de “modernizar” las leyes para crear empleo formal, el proyecto del gobierno habilita un mayor deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo, desarticula derechos laborales y sindicales, debilita la negociación colectiva y desfinancia la seguridad social.
Al respecto, explica que no hay ningún elemento en esta iniciativa mileísta que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo, y concluye que su aprobación implica una serie de efectos regresivos, que sintetiza en diez puntos principales:
– Perfora los pisos salariales y de condiciones de trabajo que se encuentran muy deteriorados.
– Conduce a que el Estado financie el costo de los despidos.
– Restringe los recursos de los sindicatos y limita la acción gremial.
– Institucionaliza la autoridad del Estado para fijar techo a las paritarias.
– Legaliza el fraude laboral y la desprotección de un amplio universo de trabajadores.
– Convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
– Amplía las facultades de los empleadores para organizar y flexibilizar los tiempos de trabajo.
– Afecta distintos derechos individuales.
– Elimina conceptos centrales de la normativa que buscan reducir las asimetrías entre los trabajadores y los empleadores.
– Insiste en mecanismos de formalización laboral que no tuvieron efectos positivos en el pasado.