En un fallo que sacudió al Gobierno y volvió a encender el conflicto por la educación pública, la Justicia federal ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto con el que Javier Milei había congelado salarios docentes y becas estudiantiles. El mensaje fue contundente: el ajuste no puede pasar por arriba de una ley votada por el Congreso.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien consideró que la decisión del Ejecutivo resulta, en esta etapa del proceso, arbitraria, inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales. El fallo obliga al Estado a cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de salarios docentes y no docentes, y la recomposición automática de las becas estudiantiles.
La medida llega en un contexto crítico para el sistema universitario, atravesado por recortes presupuestarios, pérdida salarial y un deterioro acelerado de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. “En el contexto que estamos viviendo, esta es una muy buena noticia”, afirmó la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, quien denunció que el Gobierno intentó “de manera traicionera” avanzar contra la universidad pública y los derechos educativos.
La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que cuestionaron el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
Para el juez Cormick, ese argumento no se sostiene. En su fallo recordó que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional, no resulta admisible que el Poder Ejecutivo suspenda la vigencia de una ley mediante una norma de jerarquía inferior. En otras palabras: el Presidente no puede vetar una ley por decreto.
El magistrado advirtió además que el incumplimiento del deber normativo genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al profundizar la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios, y afectar directamente el derecho constitucional a enseñar y aprender, protegido también por tratados internacionales de derechos humanos.
El ajuste, en cuestión
El fallo también desmonta uno de los principales argumentos del Gobierno: el impacto fiscal. Según la resolución, el eventual ahorro por no aplicar la ley representa apenas el 0,23 % del PBI, una cifra marginal frente al daño estructural que provoca el vaciamiento del sistema universitario.
Además, la cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva, lo que obliga al Ejecutivo a retroceder en su ofensiva contra la educación pública, al menos por ahora.
Desde el ámbito gremial y universitario advierten que la decisión judicial no es un punto de llegada, sino parte de una pelea más amplia. “La cautelar se cumple si seguimos firmes en la lucha, como lo hicimos hasta ahora, en la calle y en todas las instancias”, subrayó Staiti.
La Justicia habló donde el Gobierno quiso imponer silencio. Mientras Milei insiste en gobernar a fuerza de decretos y planillas de ajuste, los tribunales le recuerdan un límite básico: la universidad pública no es una variable de ajuste ni un gasto a licuar. La pulseada sigue, pero esta vez los estudiantes y docentes no están solos: la ley y la Constitución juegan de su lado.