Mientras Luis Caputo vuelve a endeudar a la Argentina —con más de 11 mil millones de dólares emitidos entre nuevos títulos, reaperturas y créditos bancarios para afrontar un pago inmediato de USD 4.300 millones—, la industria se derrumba, la inflación vuelve a acelerar y los incendios arrasan los bosques del sur, el presidente Javier Milei apunta ahora contra otro pilar del Estado: la salud pública.
El Gobierno nacional analiza privatizar cinco hospitales públicos ubicados en territorio bonaerense, todos ellos de alta complejidad y fundamentales para millones de personas. La decisión no es técnica ni casual: tiene un claro contenido ideológico y político, dirigido contra la provincia gobernada por Axel Kicillof y, sobre todo, contra los sectores populares que dependen del sistema público.
Los hospitales bajo la lupa son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas, el “René Favaloro” de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner” del mismo distrito, el “Bicentenario” de Esteban Echeverría y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos integran el sistema SAMIC, un esquema de gestión mixta entre Nación y Provincia que garantiza atención gratuita y de calidad.
Privatizar para no pagar
La jugada del Gobierno es transparente: sacarse de encima el costo. Hoy, el Estado nacional financia entre el 70% y el 80% del presupuesto de estos hospitales. El objetivo libertario es claro: que los bonaerenses paguen y que la Nación se retire.
Para eso, Milei ordenó estudiar la aplicación de un modelo de gestión privada, inspirado en el llamado “sistema español”, basado en cápitas y con la posible participación de empresas de medicina prepaga y obras sociales. Detrás del lenguaje técnico se esconde una verdad simple: convertir la salud en un negocio.
El ministro de Salud, Mario Lugones, tampoco descarta el traspaso a la Provincia, aunque desde la Casa Rosada prefieren el esquema privatizador. Hoy los hospitales son dirigidos por autoridades designadas por Nación, con consejos de administración donde la Provincia participa en minoría.
La respuesta de los trabajadores
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) expresó su “profunda preocupación” y alertó que la privatización de los hospitales SAMIC representa una amenaza directa al carácter público, estatal e integral del sistema de salud.
“El Gobierno presenta esta alternativa como algo ‘en estudio’, pero en realidad pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad”, advirtió Pablo Maciel, secretario general del gremio.
Además, FESINTRAS denunció la asfixia financiera que sufre la Provincia de Buenos Aires, producto de una deuda del Gobierno nacional estimada en 14,7 billones de pesos. “Esa deuda no puede resolverse trasladando las consecuencias a los hospitales ni a la comunidad. La salud no puede ser una variable de ajuste”, remarcó Maciel.
Milei ajusta donde más duele y protege donde menos se necesita. Endeuda para pagar deuda, privatiza para no invertir y convierte derechos en negocios. Mientras los dólares van para los acreedores y los ricos, a los sectores populares les ofrece la motosierra. Una vez más, el mensaje del gobierno libertario es brutalmente claro: salud y educación para el que puede pagar; ajuste y abandono para el resto.