Mientras el presidente Javier Milei organiza su viaje a Davos, pasea por el festival de Jesús María en Córdoba y se prepara para cerrar el mes en el Derecha Fest de Mar del Plata, casi un millón de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se quedaron ayer sin luz. El corte masivo afectó el transporte, el suministro de agua y la vida cotidiana de miles de familias en plena ola de calor.
Como si fuera poco, en paralelo se conoció un dato alarmante: la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad volvió a crecer con fuerza, alcanzando un aumento del 27,8% en el último año. Ajuste, abandono y colapso de servicios públicos: el combo completo.
Los cortes de energía ya son un clásico del verano argentino, pero este año llegan en medio de una debacle social y económica que el Gobierno parece mirar desde lejos. Ayer mismo, la Secretaría de Energía reglamentó la quita de subsidios a la luz y el gas, profundizando el impacto del ajuste sobre los hogares.
La medida reglamenta aspectos del sistema creado por el Decreto 943/2025, que focaliza los subsidios energéticos y elimina los niveles N1, N2 y N3 vigentes desde 2022. Si bien la implementación efectiva se postergó para febrero, el mensaje es claro: menos Estado y facturas más caras, incluso cuando el sistema energético muestra signos evidentes de colapso.
La resolución crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior RASE y quedará bajo la órbita de la Secretaría de Energía. El nuevo esquema incorpora criterios climáticos para definir los consumos subsidiados, reconociendo —tarde y a medias— que en zonas de altas temperaturas el consumo eléctrico no es un lujo, sino una necesidad básica.
Así, se establecen nuevos topes de consumo subsidiado para los meses de verano (enero, febrero y diciembre):
- Zonas cálidas: hasta 370 kWh mensuales
- Zonas muy cálidas: hasta 550 kWh mensuales
- Resto del país: 300 kWh mensuales
Según el Gobierno, el objetivo es “evitar inequidades” entre regiones. Sin embargo, la letra chica deja en evidencia otra cosa: todo consumo que supere esos límites se pagará a precio pleno, en un contexto de salarios pulverizados y tarifas dolarizadas.
Además, la resolución ratifica que, una vez en vigencia el nuevo sistema, dejará de aplicarse la Tarifa Social Federal de Gas, una herramienta clave para millones de hogares vulnerables. También se instruye a avanzar en la migración del Programa Hogar —el subsidio a la garrafa social— hacia el nuevo régimen, con un plazo máximo de seis meses.
En ese proceso, la Subsecretaría deberá definir cuántas garrafas subsidiadas corresponderán por hogar según la zona climática y la cantidad de integrantes, y establecer mecanismos de pago que podrían incluir descuentos directos o reintegros vía billeteras digitales. Modernización para algunos, incertidumbre para muchos.
Mientras la gente pasa calor, se queda sin luz y ve cómo las tarifas suben sin red de contención, el presidente elige viajar, festejar y predicar el ajuste desde escenarios VIP. El país se apaga, pero Milei sigue de gira. La pregunta ya no es cuánto cuesta la energía, sino cuánto más está dispuesto a pagar la sociedad por un modelo que ajusta abajo y se pasea arriba.