El arranque del calendario político reactivó las negociaciones en torno a la reforma laboral, que el Gobierno prevé tratar en el recinto durante la primera quincena de febrero. La estrategia oficial combina diálogo con los gobernadores y construcción de mayorías ajustadas, en un escenario donde los votos no están garantizados, y por lo tanto cada apoyo se vuelve decisivo.
En la Casa Rosada procuran sostener un canal de entendimiento con las provincias, conscientes de que los mandatarios serán determinantes para la aprobación de la llamada Ley de Modernización Laboral. En ese marco, surgieron propuestas de negociación como una eventual baja progresiva del impuesto a las Ganancias para empresas, con el objetivo de evitar un impacto brusco sobre los recursos coparticipables.
Los gobernadores, sin embargo, no acompañan sin condiciones. En los últimos días se multiplicaron los reclamos vinculados a fondos, obras públicas, deudas previsionales y coparticipación de tributos. Desde Neuquén, Tucumán, Mendoza y otras provincias hicieron llegar pedidos concretos al ministro del Interior, Diego Santilli, que es quien encabeza la articulación política con las jurisdicciones.
Santilli mantiene una agenda de viajes por distintas provincias con el objetivo de consolidar respaldos. Ya sumó señales favorables de varios mandatarios, aunque persisten resistencias, especialmente entre sectores del peronismo que rechazan de plano la reforma, y condicionan cualquier acercamiento a la resolución de conflictos financieros con Nación.
El Ejecutivo tendrá que convocar a un nuevo período de sesiones extraordinarias. Según confiaron desde el La Libertad Avanza a Infobae, y si bien la Casa Rosada quiere llamar a partir del 26 de enero, no existe ningún apuro para acelerar, y bien podrían quedar desde el lunes 2 de febrero hasta finales de ese mes. Un día después, el domingo 1 de marzo, Javier Milei asistirá al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias, que se desarrollarán hasta el 30 de noviembre.
El vínculo con las provincias muestra, además, un cambio de estilo en la estrategia oficial: diferenciación entre aliados y opositores, con premios y castigos según el grado de acompañamiento político. Esa lógica empieza a reconfigurar el mapa de relaciones entre la Casa Rosada y los gobiernos locales.
La reforma laboral aparece, así, como el primer gran desafío parlamentario del año. Su aprobación dependerá del delicado equilibrio entre negociación política, concesiones a las provincias y capacidad de ordenamiento interno. Para el Gobierno, se trata de una prueba de gobernabilidad. Para la oposición, de una oportunidad aún no capitalizada para reconstruir protagonismo.
Una comisión técnica a cargo de la abogada Josefina Tajes, desde mañana enlazará todas las sugerencias de modificaciones y/o reclamos que hayan aterrizado desde la oposición dialoguista. También serán analizados los pedidos de la CGT.
Cuando se terminen de pulir los eventuales cambios en el dictamen de mayoría que se firmó en diciembre pasado, La Libertad Avanza tendrá que resolver cómo encarar la sesión, en el sentido de no errar a la hora de explicar las modificaciones ante una inevitable votación en general y, luego, en particular de la reforma laboral. La estrategia estará en manos de Patricia Bullrich que, además de titular del oficialismo en la Cámara alta, será la miembro informante como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social.
A partir del lunes 26, la ex ministra de Seguridad iniciará el “cara a cara” con sus pares de la oposición dialoguista. Es decir, no se esperan grandes definiciones hasta la última semana de enero o los primeros días de febrero. El oficialismo maneja un interbloque de 21 senadores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37.
Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y figuras provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y se sabe que nada es fácil para la administración de La Libertad Avanza a la hora de hablar del Congreso.