Mientras el presidente Javier Milei se pasea por los foros internacionales de Davos, en la Argentina la motosierra no se toma vacaciones. Este martes, el Gobierno avanzó con la implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), un nuevo esquema que profundiza la quita de subsidios a la luz y el gas, con el objetivo declarado de achicar el gasto estatal y el efecto concreto de beneficiar a las empresas privatizadas del sector energético.
El contexto no es menor: desde el inicio de la gestión libertaria, los servicios de luz, gas y agua aumentaron en promedio un 461%, sin que eso se haya traducido en mejoras visibles en la calidad del servicio. Por el contrario, los cortes de energía en días de calor extremo y los problemas de suministro en pleno invierno se volvieron moneda corriente.
Según informó el Boletín Oficial, el nuevo régimen se apoyará en un cruce masivo de datos entre organismos públicos para evaluar quiénes pueden acceder al beneficio. La revisión incluirá información de la ANSES, la Secretaría de Energía y otras dependencias del Estado.
Los motivos para perder el subsidio
De acuerdo a la normativa, quedarán excluidos del esquema quienes cumplan con alguno de los siguientes criterios:
- Poseer un automóvil con una antigüedad menor o igual a tres años, salvo titulares con Certificado Único de Discapacidad.
- Tener tres o más inmuebles registrados a nombre de integrantes del hogar.
- Contar con embarcaciones de lujo o aeronaves.
- Poseer activos societarios que evidencien una capacidad económica elevada.
Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no deberán reinscribirse, ya que sus datos migrarán automáticamente al nuevo sistema. Sin embargo, el Gobierno advierte que cualquier actualización o cruce de datos podría derivar en la pérdida automática del subsidio si se detectan inconsistencias patrimoniales.
Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo del ReSEF es “identificar con precisión a quienes realmente necesitan la ayuda del Estado” y evitar asignaciones indebidas. En la práctica, el nuevo filtro apunta a reducir drásticamente la cantidad de beneficiarios.
El impacto en los hogares
Para los usuarios residenciales, el cambio significa que sectores de ingresos medios —no necesariamente ricos— quedarán fuera del subsidio y comenzarán a pagar tarifas mucho más cercanas al costo pleno del servicio. El Gobierno ya anticipó que el impacto se sentirá en facturas más altas durante todo el año, especialmente en los meses de mayor consumo.
Pymes: otro golpe a los costos
El nuevo esquema también endurece las condiciones para las pequeñas y medianas empresas. Aquellas que registren capacidad económica comprobable, activos relevantes o niveles de facturación superiores a los parámetros oficiales perderán el acceso a la energía subsidiada.
Esto se traducirá en un aumento directo de los costos operativos, afectando especialmente a comercios, industrias y servicios intensivos en consumo energético. Desde el sector productivo ya advierten que la suba de tarifas podría trasladarse a precios o achicar márgenes, en un contexto de actividad económica todavía frágil.
Mientras Milei promete eficiencia desde los salones de Davos, en casa la factura llega sin anestesia: menos subsidios, tarifas al rojo vivo y un Estado que se retira justo cuando más falta hace. La motosierra, una vez más, corta del lado de abajo.