El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la ley de Inteligencia y surge como el principal tema de Diputados para febrero, por lo menos, hasta ver lo que ocurre en el Senado con la reforma laboral.
La oposición tiene como objetivo juntar la mitad más uno en la Cámara Baja, y de esa manera alcanzar el quórum necesario para bajar el texto firmado por Javier Milei que empodera a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La expectativa apunta a lo que pueda ocurrir en los bloques provinciales, ya que los principales socios de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), no dan señales de desmarcarse del sostenimiento del DNU. Por su parte, desde Innovación Federal avisan que no tienen una “una postura clara”, ya que están “esperando si el Gobierno decide conformar la Bicameral o no”.
El senador del PRO Martín Goerling, quien quedó provisoriamente al frente de la comisión bicameral de Inteligencia, expresó reparos sobre el DNU que modificó la Ley de Inteligencia Nacional y amplió las facultades de la SIDE, al advertir que aún no se conocen los protocolos de aplicación y que desde la fuerza amarilla siguen “esperando que muestren los protocolos de esa norma, porque de eso dependen varios aspectos”.
“Ahora, si van a dejar que se venza el plazo, que sería el 29 de enero, ahí vamos a analizar el texto completo porque ahí se tendría que tratar en el recinto tal cual vino el decreto”, comentaron por su parte desde la bancada que nuclea a siete diputados que responden a los oficialismos de Salta y Misiones.
Las cuentas de la oposición para bajar el DNU en las últimas horas daban 123 y faltaban seis. El rechazo al proyecto se sostendría en las manos alzadas de los bloques de Unión por la Patria (93 integrantes), Provincias Unidas (18), el Frente de Izquierda y los Trabajadores (cuatro), la Coalición Cívica (dos), Encuentro Federal (dos), el larretista Álvaro González, la cordobesa Natalia De la Sota, el puntano Jorge “Gato” Fernández y Marcela Pagano, enfrentada al oficialismo.
La Rosada envió el DNU a la bicameral de Trámite Legislativo, que no está conformada. Los diez días hábiles para que el recinto pueda tratar el decreto se cumplen el 29 de enero. Desde uno de los bloques que rechazará el decreto se lamentaban de que “febrero está medio perdido en Diputados”, y ven venir una disputa dialéctica con el oficialismo de que no se pueden presentar otros temas por fuera del temario de sesiones extraordinarias que envió el Ejecutivo al Congreso.
Mientras, el diputado Esteban Paulón presentó, con el respaldo de sus pares Pablo Farías, Sergio Capozzi, (Provincias Unidas) y Mónica Frade (Coalición Cívica) un proyecto para “rechazar en todos sus términos” el DNU 941/25.
Según puntualizó el texto, la modificación de la ley de Inteligencia resulta “manifiestamente incompatible con la Constitución Nacional”, y se encarga de “vulnerar derechos y garantías fundamentales, y avasallar las competencias propias del Congreso de la Nación”.
Al mismo tiempo, un grupo de dirigentes políticos presentó un recurso de apelación para que la Justicia habilite la feria judicial y trate de manera urgente la medida cautelar solicitada contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25.
La apelación fue interpuesta por los abogados Miguel Ángel Pierri y Martín Nahuel Montalto, en representación de Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile, en el marco de una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional.
El planteo cuestiona una resolución del 15 de enero de 2026, mediante la cual el juzgado federal de feria rechazó habilitar el receso judicial y, en consecuencia, postergó el tratamiento de la medida cautelar solicitada.
Según la presentación, la decisión les provoca un “gravamen actual y concreto”, ya que el decreto impugnado “se encuentra plenamente vigente y produciendo efectos jurídicos inmediatos”, sin que exista acto alguno del Poder Ejecutivo que haya suspendido o diferido su aplicación.
En el escrito remarcaron que el DNU “amplía de manera inmediata las facultades del sistema de inteligencia, habilitando tareas encubiertas y el intercambio de información sin control judicial previo”, lo que, a su entender, torna imperioso el análisis urgente de la cautelar solicitada.
Los dirigentes también advirtieron sobre el peligro en la demora, al señalar que las normas cuestionadas permiten “injerencias estatales en la esfera de la privacidad y la intimidad de los ciudadanos” y que, una vez iniciadas esas tareas bajo un régimen de secreto, “la afectación producida resulta de muy difícil o imposible recomposición ulterior”.