El presidente Javier Milei parece convencido de que, si pudo confrontar sin costo político con Paolo Rocca, el poderoso CEO del Grupo Techint, entonces nadie —ni los gobernadores, ni el peronismo, ni el movimiento obrero— podrá frenar la reforma laboral que prepara su gobierno para recortar derechos históricos de los trabajadores.
Con esa lógica, el oficialismo inicia el año político decidido a retomar su agenda original, en una suerte de revancha ideológica: más dureza, menos negociación y un claro objetivo de fondo: desarmar el entramado de protección laboral construido durante décadas en la Argentina.
Ni los reclamos de los gobernadores “dialoguistas”, que le piden al Gobierno retirar el capítulo de Ganancias —que les quita alrededor de 1,5 billones de pesos— a cambio de apoyo parlamentario, ni las advertencias de sectores empresarios aliados, como Marcos Galperin, que reclama cambios en la regulación de las billeteras virtuales, parecen modificar el rumbo libertario.
Mientras el peronismo, la CGT y las dos CTA ya anticiparon movilizaciones y la posibilidad de paros nacionales, resulta clave analizar en detalle el contenido de una reforma que distintos especialistas califican como regresiva, desigual y peligrosa.
Una reforma diseñada contra el trabajador
Un informe elaborado por la consultora BLapp junto al Instituto Argentina Grande, el CEPA, el Grupo Paternal, el CETyD de la Universidad de San Martín, el Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedaf), la Fundación SES y el colectivo Futuros Mejores —publicado también por El DiarioAR— advierte sobre los múltiples impactos negativos del proyecto oficial.
Entre los puntos más graves se destacan:
Salarios más bajos y horas extra sin pago.
La creación del “banco de horas” elimina el pago adicional por horas extra. Las jornadas podrán extenderse o acortarse según acuerdos individuales entre empleador y trabajador, debilitando la negociación colectiva. Además, desaparecen los pisos salariales por actividad: cada empresa negociará su salario mínimo, siempre en desventaja para el trabajador.
Vacaciones fragmentadas y a discreción del empleador.
Los empleadores podrán imponer vacaciones fuera del período tradicional (1° de octubre al 30 de abril) y fraccionarlas en tramos mínimos de siete días, reduciendo el derecho al descanso real.
Jubilaciones y salud, en riesgo.
Unos tres puntos de las contribuciones patronales dejarán de destinarse al sistema previsional y a las obras sociales para alimentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para financiar indemnizaciones. El resultado: jubilaciones más desfinanciadas y un sistema de salud debilitado.
Indemnizaciones más bajas y en cuotas.
Se impone un tope indemnizatorio que excluye adicionales como bonos, propinas o viáticos. En caso de juicio, un juez podrá habilitar el pago en hasta 12 cuotas. Además, el costo del despido se traslada al FAL, es decir, al propio aporte de los trabajadores.
Más conflicto y menos negociación colectiva.
La discusión salarial deja de ser sectorial para trasladarse a cada empresa, aumentando la conflictividad interna y debilitando la posición de los trabajadores, especialmente en pymes.
Mayor poder patronal y menos tutela judicial.
Las empresas podrán modificar condiciones laborales sin que el trabajador pueda exigir judicialmente su restitución: la única salida será renunciar.
Precarización extrema de contratos.
Se eliminan indemnizaciones en contratos a plazo fijo, desaparece la figura del trabajador de temporada y se fomenta la ruptura anticipada sin costo para el empleador.
Retroceso en derechos de mujeres y madres trabajadoras.
La jornada reducida deja de ser una medida de protección y pasa a ser una herramienta general de flexibilidad laboral.
Blindaje al fraude laboral.
Se debilita la presunción de relación de dependencia, incluso cuando hay pagos regulares o facturación encubierta, dificultando los reclamos judiciales.
Menos sanciones al trabajo no registrado.
Los jueces podrán aplicar “criterios de razonabilidad” para atenuar sanciones, reduciendo la presión contra el empleo en negro.
Derogación de estatutos especiales.
Periodistas, viajantes, teletrabajadores, choferes, trabajadores de comercio y otros pierden regímenes específicos que protegían sus condiciones laborales.
Apps sin relación de dependencia.
Se oficializa que repartidores y mensajeros son “independientes”, eximiendo a las plataformas de responsabilidades laborales.
Ataque frontal a los sindicatos.
Se restringe el derecho a huelga, se limitan las asambleas, se debilita la tutela sindical y se prohíbe que trabajadores eventuales sean delegados.
Más tercerización y menos responsabilidad empresarial.
Las empresas que subcontratan reducen su responsabilidad frente a incumplimientos, dejando al trabajador más expuesto.
Denunciar al patrón pasa a ser obligación.
El trabajador no registrado deberá denunciar de inmediato a su empleador ante ARCA, bajo riesgo de perder derechos.
Más período de prueba y salarios rurales a la baja.
Se amplían los plazos de prueba para trabajadores domésticos y rurales, y el salario mínimo agrario deja de fijarse por un organismo estatal para negociarse de manera individual.
Lejos de modernizar el empleo, la reforma laboral de Milei consolida un modelo basado en salarios bajos, precarización y disciplinamiento social. Bajo el discurso de la “libertad”, el Gobierno avanza en una transferencia brutal de poder desde los trabajadores hacia las empresas. No es una reforma para crear empleo: es una revancha ideológica contra los derechos laborales. Y frente a este avance, el movimiento obrero y la política tienen una sola opción: organizarse o resignarse.