Mientras el gobierno libertario de Javier Milei sigue vendiendo espejitos de colores —como el supuesto acuerdo comercial con Estados Unidos, que en los hechos implica una nueva entrega del patrimonio nacional—, los precios en la Argentina se descontrolan y golpean de lleno a una sociedad con salarios y jubilaciones congelados.
Tras el escándalo por la intervención del ministro Luis Caputo en el INDEC para ocultar el verdadero ritmo de la inflación —una realidad que no hace falta medir porque se sufre todos los días en la góndola—, el Gobierno decidió ir un paso más allá: creó la llamada “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina”, un organismo destinado a “desmentir” informaciones periodísticas y señalar supuestas “operaciones” que el propio Ejecutivo considere falsas.
En criollo: una oficina estatal para perseguir a quienes cuenten lo que realmente pasa. Un invento con perfume autoritario, más cercano a regímenes de censura que a una democracia que se jacta de la libertad de expresión.
La desesperación oficial tiene un motivo concreto: la inflación volvió a desbocarse. Desde hace meses los precios suben sin freno, pero enero y febrero marcaron una aceleración brutal, especialmente en alimentos, el rubro que más castiga a los sectores populares.
Según la consultora LCG, solo en la primera semana de febrero los precios de Alimentos y Bebidas aumentaron un 2,5% semanal. Un número que pulveriza cualquier relato de “inflación controlada”. Las principales subas fueron:
- Bebidas e infusiones: 7,3%
- Panificados, cereales y pastas: 6%
- Lácteos y huevos: 2,3%
- Comidas listas para llevar: 1,9%
Con estos números, resulta insultante sostener que la inflación mensual pueda ubicarse por debajo del 2%. Es matemáticamente imposible, pero fundamental para el Gobierno: de esos números dibujados depende el ajuste a jubilados y salarios.
Ahí aparece la verdadera estafa. Ocultar la inflación no es un error técnico: es una política deliberada para licuar ingresosy seguir ajustando a los mismos de siempre.
La hipocresía es total. Muchos de los actuales aliados del Gobierno son los mismos que en 2020 denunciaban como “nazismo” al Observatorio NODIO, creado por la Defensoría del Público para estudiar la desinformación. Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Silvina Giudici gritaban “censura”, y hasta comparaban al gobierno con Joseph Goebbels. Hoy, ante una oficina explícitamente creada para controlar el discurso público, guardan un silencio cómplice y atronador.
Incluso la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) salió a marcar límites. En un comunicado advirtió que, si bien los gobiernos tienen derecho a difundir información oficial, preocupa el carácter acusatorio y estigmatizante de una oficina dedicada a “desmentir” y señalar periodistas.
La conclusión es clara: la inflación se les fue de las manos y el relato ya no alcanza. Cuando la realidad contradice al discurso, el Gobierno no corrige la economía: intenta callar a quien la cuenta.
No bajan los precios, bajan derechos. No suben los salarios, sube la censura. Milei no combate la inflación: combate a la verdad. Y cuando un gobierno necesita perseguir periodistas para sostener su relato, el problema ya no es económico: es democrático.