“Avanza el enemigo a paso redoblado”, dice la Marcha de San Lorenzo. La frase hoy parece escrita para describir al gobierno de Javier Milei, que avanza de manera brutal contra los argentinos sin encontrar resistencia real. En pocos días firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos claramente desfavorable para el país, intervino el INDEC para disimular una inflación muy superior a la que admite el ministro Luis Caputo, creó una Oficina de Respuesta Oficial para señalar periodistas y “desenmascarar operaciones”, impulsa una Reforma Laboral que recorta derechos históricos y, como frutilla del postre, publicó en el Boletín Oficial una nueva ley de “Inocencia Fiscal”, un blanqueo a medida de los evasores más ricos.
Reforma laboral: ajuste y pérdida de derechos
El gobierno está convencido de que la CGT no moverá el avispero este miércoles con la movilización frente al Congreso. La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich como garante del orden represivo, confía en que la ley saldrá sin sobresaltos y liquidará derechos laborales conquistados en las décadas del 40 y 50, pilares del modelo de justicia social construido con el peronismo.
El dato político no es menor: la central obrera no logró convocar a un paro nacional y se limitó a una movilización. Para la Casa Rosada, eso confirma lo que esperaba: la CGT ya no tiene poder de presión sobre los gobernadores aliados del oficialismo.
“Lo que diga la CGT no nos importa”, admitió sin pudor un alto funcionario del gobierno. Y agregó, con una frase que desnuda la lógica del poder libertario: “Si nos dimos el gusto de cambiar el INDEC y nadie dijo nada, ¿cómo no vamos a seguir?”.
Inocencia fiscal: perdón total para los evasores
En paralelo, el Gobierno reglamentó la ley de Inocencia Fiscal, un verdadero escudo legal para los sectores más ricos que evadieron impuestos durante años y mantuvieron sus dólares en la informalidad. Bajo el disfraz de “simplificación”, la norma reduce controles del Estado sobre el patrimonio y facilita la regularización de deudas fiscales sin consecuencias penales reales.
El nuevo régimen otorga beneficios a contribuyentes con patrimonios de hasta $10.000 millones, entre ellos:
- Blindaje patrimonial: quienes adhieran no podrán ser fiscalizados por variaciones patrimoniales ni por consumos.
- Impuesto por facturación: ARCA cobrará Ganancias solo sobre ingresos declarados, sin considerar crecimiento patrimonial o gastos como indicios de evasión.
- Efecto liberatorio: el pago en término extingue cualquier reclamo posterior, salvo omisión comprobada de ingresos.
La ley también eleva de forma escandalosa los montos para que un incumplimiento sea delito penal:
- Evasión simple: de $1.500.000 a $100.000.000.
- Evasión agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000.
- Prescripción: se reduce de 5 a 3 años.
Además, se habilitan mecanismos para borrar causas penales:
- Cancelación única: si se paga la deuda, ARCA no inicia acciones penales.
- Recargo del 50%: si no hubo denuncia, se puede cerrar la causa pagando deuda más recargo en 30 días.
- Multas por plazos: sanciones económicas mayores para declaraciones fuera de término, pero sin cárcel.
El modelo Milei, al desnudo
El mensaje es claro y brutal: ajuste, persecución y pérdida de derechos para trabajadores y jubilados; perdón, blanqueo y blindaje legal para los ricos. Todo bajo la excusa de la libertad, pero con un Estado hiperactivo cuando se trata de proteger a los poderosos.
Sin oposición que lo frene y con dirigencias en silencio, Milei avanza como una topadora: les quita derechos a los que viven de su trabajo y les regala impunidad a los que fugaron millones. No es libertad: es saqueo con decreto. Y cuando el poder avanza sin resistencia, la factura siempre la paga el pueblo.