El gobierno de Javier Milei, con el respaldo de aliados radicales, el PRO y gobernadores “dialoguistas”, logró aprobar en el Senado una reforma laboral profundamente regresiva, demasiado parecida a los viejos anhelos de la Argentina más conservadora. Afuera, como ya se volvió rutina de los miércoles, las fuerzas de seguridad reprimieron a jubilados y trabajadores. Y, como si el libreto estuviera escrito de antemano, apareció un “grupito” con bombas molotov que jamás fue detenido. ¿Casualidad?
Tras más de doce horas de debate, el oficialismo consiguió la media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra. El Gobierno sumó los votos de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales del Norte y del Sur, incluida la massista Flavia Royón, que no dudaron en acompañar una ley que fragmenta las vacaciones, reduce indemnizaciones, recorta compensaciones por accidentes ocurridos fuera del ámbito laboral y crea un banco de horas que habilita jornadas de hasta 12 horas sin el correspondiente descanso.
Eso sí: hubo negociación fina con los bancos, que presionaron para mantener la exclusividad como agentes de pago de salarios, y con los gobernadores, para eliminar el capítulo fiscal que reducía alícuotas del impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable. Ajuste para los trabajadores, concesiones para los poderosos.
Represión en la calle
La movilización convocada por la CGT y las dos CTA fue masiva, pero terminó interrumpida por una violenta represión policial. El operativo, ordenado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, desplegó 800 efectivos para blindar el Congreso. Se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, hidrantes y pistolas lanzagases —las mismas que en otra jornada dejaron herido a Pablo Grillo—.
El saldo fue contundente: alrededor de 300 personas agredidas, 31 detenidas y 70 demoradas. La represión comenzó cerca de las 16.30, justo cuando podían sumarse más trabajadores tras finalizar su jornada laboral. La ausencia de un paro general limitó la participación masiva y dejó la defensa de los derechos laborales librada a una movilización que, aunque importante, no alcanzó para frenar el avance legislativo.
Entre los gremios que sí desbordaron sus estructuras orgánicas estuvieron la UOM, Aceiteros, el SUTNA, SiPreBA, Aeronavegantes, los gremios portuarios y marítimos y la AGD-UBA, entre otros. En la Plaza quedó flotando una certeza: sin un paro nacional con transporte incluido —como aquellos históricos de Saúl Ubaldini— será difícil torcer el rumbo cuando el proyecto llegue a Diputados.
A la 1.23 de la madrugada, consumada la aprobación, el Presidente celebró en redes con un escueto pero elocuente “HISTÓRICO” y su ya habitual “VLLC”. Y tiene razón: es histórico. No por ampliar derechos ni por modernizar el mundo del trabajo, sino por consagrar por ley un retroceso que ni siquiera la dictadura de Videla y Martínez de Hoz logró imponer en estos términos.
Lo festejan como una hazaña de mercado. Pero cuando la historia se escribe con ajuste y represión, no suele terminar en aplausos sino en resistencia. Y esa página, todavía, está por escribirse.