El Gobierno volvió a sacar un conejo de la galera: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Mientras tanto, guarda un silencio atronador sobre lo que verdaderamente desvela a millones de argentinos: el crecimiento de la pobreza, la caída de los salarios y jubilaciones, y una canasta básica que se volvió impagable.
Con 149 votos a favor y 100 en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de modificación del régimen penal juvenil, que ahora deberá tratar el Senado. El oficialismo celebró entre aplausos y discursos altisonantes, y aceptó algunas modificaciones menores en el articulado. La intención es clara: convertir la iniciativa en ley durante marzo y mostrar “orden” donde lo que hay es descomposición social.
Desde la oposición denunciaron el oportunismo político. La diputada Paula Penacca (Unión por la Patria) habló de “carancheo” con un tema sensible y acusó al oficialismo de vender una ilusión punitivista: castigar antes no resuelve la conflictividad social. “Abandonar a los pibes y después castigarlos como adultos no es una política pública, es un atajo electoral”, sostuvo. Incluso el diputado Miguel Ángel Pichetto, aliado circunstancial del oficialismo, advirtió que la ley requerirá inversión en infraestructura y en procesos educativos, algo que no aparece en el presupuesto. Más cárceles, pero no más escuelas.
La verdad que no se quiere discutir
Mientras los estudios de televisión repiten la palabra “imputabilidad”, los números de la economía cuentan otra historia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia tipo necesitó en enero de 2026 más de 1.360.000 pesos para no ser pobre y 623.990 pesos para no caer en la indigencia. Es decir, el problema central no es la edad de imputabilidad, sino la edad en que la pobreza empieza a marcar el destino.
Los salarios siguen perdiendo contra la inflación. El índice oficial mostró una suba mensual del 1,6% en diciembre, frente a una inflación del 2,8%. Incluso los salarios registrados crecieron apenas un 2%, lo que implica otra caída en términos reales. Fue el cuarto mes consecutivo de retroceso. El resultado es evidente: menos consumo, menos actividad en alimentos y bebidas, indumentaria, bazar y perfumería. El único rubro que crece es farmacia. Más remedios, menos comida.
Los jubilados, por su parte, fueron una de las principales variables de ajuste. Se licuaron haberes, se congeló el bono y se encarecieron medicamentos que antes eran gratuitos. Ajuste por arriba, castigo por abajo.
El debate de fondo es incómodo: cuando el Estado se retira de la prevención, la educación y la inclusión, el problema no desaparece, se agrava. Y entonces aparece la tentación de resolverlo con el Código Penal. Es más barato políticamente hablar de mano dura que de desigualdad estructural.
Bajar la edad de imputabilidad puede dar titulares y aplausos fáciles. Pero ningún decreto puede encarcelar la pobreza ni gasear la exclusión. Cuando un gobierno necesita señalar a los pibes para no hablar del hambre, el problema no está en la edad de los chicos, sino en la adultez de la política.