El paro convocado por la central obrera tiene un alto acatamiento en todo el país y marca una jornada de fuerte tensión política y social. Trenes, subtes, vuelos y gran parte del transporte público permanecen paralizados, mientras distintos gremios se movilizan contra la reforma laboral que el oficialismo busca aprobar en la Cámara de Diputados.
La medida de fuerza se da en un contexto especialmente sensible: apenas un día después del sorpresivo cierre de la empresa FATE, que dejó sin trabajo a casi mil trabajadores en el conurbano bonaerense. El conflicto industrial profundizó el malestar y sumó un nuevo foco de protesta en la jornada de paro.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos para participar de una actividad internacional encabezada por Donald Trump. La imagen de un país paralizado contrasta con la agenda exterior del mandatario, en momentos en que el debate por los cambios en la legislación laboral escala en intensidad.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires el impacto del paro es significativo. Solo algunas líneas de colectivos continúan circulando, en particular las pertenecientes al grupo DOTA, en medio de denuncias sindicales sobre presiones a trabajadores para garantizar el servicio. Además, se registran cortes en distintos puntos de la Panamericana protagonizados por trabajadores de FATE, docentes nucleados en CTERA y organizaciones sociales.
La reforma laboral es el eje del conflicto. Gremios como la CTA, sectores de la UOM y el sindicato de Aceiteros anunciaron movilizaciones hacia el Congreso para rechazar lo que consideran una flexibilización que recorta derechos históricos. Desde la oposición advierten que el proyecto habilita la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas y modifica condiciones de contratación y despido.
El Ministerio de Seguridad dispuso un amplio operativo en las inmediaciones del Congreso: camiones hidrantes, vallados y fuerte presencia de fuerzas federales para custodiar el debate parlamentario.
En paralelo, el oficialismo logró dictamen con apoyo del PRO y la UCR. En el trámite de comisión se eliminó el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedad. Unión por la Patria presentó un dictamen propio, defendido por el diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo, que propone, entre otros puntos, la reducción de la jornada laboral. El Frente de Izquierda también impulsó una alternativa en el mismo sentido.
Con el respaldo de La Libertad Avanza y aliados —incluyendo bloques provinciales y sectores dialoguistas— el oficialismo confía en reunir el quórum y aprobar el proyecto en general. Los números preliminares indican que podría contar con los votos necesarios para avanzar.
La sesión promete ser extensa y tensa, en un Congreso rodeado de manifestantes y bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
El Gobierno asegura que la reforma traerá inversiones y empleo. Los gremios denuncian que traerá más precarización y menos derechos. Afuera, las calles hablan con paro y movilización; adentro, los votos parecen alinearse para aprobar el proyecto. La pregunta que queda flotando es simple: si el país está paralizado para frenar la ley, ¿qué tan profundo será el conflicto cuando la ley ya esté en vigencia?