En una jornada atravesada por la represión policial y un país paralizado por la protesta, el oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto de “Modernización Laboral”, una iniciativa que —según denuncian sindicatos y especialistas— implica el mayor retroceso en derechos laborales desde mediados del siglo XX.
La votación terminó 135 a favor y 115 en contra. La Libertad Avanza reunió 95 votos propios y sumó el respaldo del PRO, la UCR, bloques provinciales y algunos peronistas. El proyecto, sin embargo, deberá volver al Senado tras modificaciones introducidas en el recinto.
El clima político fue áspero. Afuera del Congreso, trabajadores se movilizaron contra la reforma y fueron reprimidos. Adentro, el oficialismo consolidó una mayoría con apoyos heterogéneos y algunas ausencias estratégicas.
Uno de los artículos más controvertidos —el 44— fue eliminado ante la presión social y política. Esa cláusula habilitaba la reducción del salario durante licencias por enfermedad al 50% o 75%, en contraste con el régimen vigente que garantiza el pago íntegro. El retroceso era tan explícito que incluso bloques aliados forzaron su eliminación.
Pero el corazón financiero del proyecto quedó en pie.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la pieza clave
El artículo 58 crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que reemplaza parcialmente el sistema tradicional de indemnizaciones.
El fondo se nutrirá de un porcentaje de las contribuciones patronales —entre 1% y 2,5% según el tamaño de la empresa— recursos que hoy tienen como destino el sistema previsional y las obras sociales. Según estimaciones oficiales, podría recaudar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales.
Para la oposición, se trata de “una reforma previsional encubierta”. La diputada Vanesa Siley advirtió que el FAL desfinancia jubilaciones y salud, y que en el mediano plazo presionará sobre la movilidad jubilatoria.
Más allá de la disputa política, el cambio estructural es claro: el costo del despido deja de recaer exclusivamente en el empleador y se socializa a través de un fondo alimentado por aportes que hoy sostienen el sistema solidario.
Qué cambia en la práctica
Un informe elaborado por la consultora BLapp junto al Instituto Argentina Grande, CEPA, CETyD (UNSAM), Cedaf, Fundación SES y otros centros advierte impactos concretos:
Salarios y horas extra
Se crea el “banco de horas”, que elimina el pago adicional automático por horas extra. Las jornadas podrán extenderse o reducirse mediante acuerdos individuales, debilitando la negociación colectiva. Además, desaparecen pisos salariales sectoriales, trasladando la discusión al nivel empresa por empresa.
Vacaciones
Podrán fraccionarse en períodos mínimos de siete días y fijarse fuera del esquema tradicional, a criterio del empleador.
Indemnizaciones
Se establece un tope que excluye adicionales como bonos y viáticos. En caso de litigio, el pago podrá realizarse hasta en 12 cuotas.
Precarización contractual
Se eliminan indemnizaciones en contratos a plazo fijo y se amplían períodos de prueba en sectores como el trabajo rural y doméstico.
Menor tutela judicial
Las empresas podrán modificar condiciones laborales sin que el trabajador pueda exigir judicialmente su restitución: la alternativa práctica será aceptar el cambio o renunciar.
Sistema previsional y salud
Parte de las contribuciones patronales dejarán de financiar jubilaciones y obras sociales para alimentar el FAL.
Un cambio de paradigma
El oficialismo presenta la reforma como herramienta para “generar empleo” y “modernizar” el mercado laboral. Sus críticos sostienen que no hay evidencia empírica que vincule flexibilización con creación sostenida de trabajo, y que el verdadero objetivo es reducir el costo laboral y reconfigurar la relación de fuerzas entre capital y trabajo.
Más que una actualización normativa, el proyecto redefine el equilibrio construido desde 1945 en adelante: negociación colectiva fuerte, indemnización como disuasión al despido y un sistema previsional financiado solidariamente.
La discusión ahora vuelve al Senado. Allí se definirá si el texto modificado queda firme o si se insiste con la versión original.
Pero más allá del trámite parlamentario, el debate ya está instalado en la calle: no es solo una reforma técnica. Es una disputa por el modelo de país.
Porque cuando el trabajo pierde protección, no se “moderniza”: se abarata.
Y cuando el despido deja de dolerle al empleador, empieza a dolerle al trabajador.