Mientras el presidente Javier Milei y su entorno afinan el discurso para inaugurar la Asamblea Legislativa el próximo domingo a las 21, prometiendo un país de fantasía donde “todo crece” y “los salarios vuelan”, la realidad cotidiana de los argentinos cuenta otra historia. Una menos épica, más áspera. Una que no se declama en cadena nacional, sino que se padece en el supermercado, en la factura de luz y en la farmacia.
El relato oficial habla de recuperación y reformas modernizadoras. Pero los datos muestran otra cosa. La inflación no se detiene en un contexto de estancamiento económico. La consultora EcoGo advirtió que los precios de los alimentos volvieron a subir en la tercera semana de febrero y que el mes podría cerrar por encima del 3%. A eso se suman nuevos aumentos de tarifas en marzo, justo cuando las familias deben afrontar el inicio de clases: útiles, mochilas, uniformes y transporte.
El consumo atraviesa uno de sus peores momentos. Según relevamientos sectoriales, uno de cada cuatro supermercadistas afirma que su negocio está en crisis y el 80% cree que la situación no mejorará en el corto plazo. En ese marco, el 22,5% anticipa reducción de personal. Más despidos, más incertidumbre.
En el mundo productivo, el cierre de empresas se multiplica. En paralelo, la situación de los jubilados es alarmante. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) señala que la tasa de actividad de personas mayores de 66 años alcanzó el 48,6%, el registro más alto para un tercer trimestre desde 2016. Pero lejos de ser una buena noticia, el propio informe advierte que se trata de un fenómeno “supervivencial”: jubilados que regresan al mercado laboral no por elección, sino porque sus haberes ya no alcanzan para cubrir gastos básicos. La actividad en ese segmento creció 11% interanual.
La paciencia tiene un límite. En los últimos días crecieron las movilizaciones contra la reforma laboral y más de un centenar de gremios evalúan nuevas protestas frente al Congreso. El malestar social ya no es silencioso.
A la tensión sindical se suma un conflicto inesperado: el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió suspender toda la actividad del fútbol local entre el 5 y el 8 de marzo, en rechazo a la causa por presunta evasión impositiva contra sus autoridades. El parate afectará a la novena fecha del Torneo Apertura y a todas las categorías. La declaración indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está prevista para el 5 de marzo en el marco de una denuncia impulsada por ARCA por una presunta deuda que superaría los 19 mil millones de pesos.
Desde la dirigencia del fútbol sostienen que el conflicto tiene un trasfondo político: la resistencia a la privatización de los clubes, una bandera que el oficialismo impulsa desde el inicio de la gestión. La designación del juez Diego Amarante —quien sobreseyó a Mauricio Macri en la causa Panamá Papers— y la decisión de prohibirle la salida del país a Tapia alimentaron aún más la polémica.
El escenario es tenso. Gobierno, sindicatos y fútbol: tres frentes abiertos en simultáneo.
El domingo, Milei hablará ante la misma Asamblea Legislativa a la que alguna vez calificó como “ratas”. Tendrá aplausos propios y discursos encendidos. Anunciará reformas, insistirá en el ajuste y reivindicará su rumbo. Pero afuera del recinto, la discusión es otra: salarios que no alcanzan, empresas que bajan persianas, jubilados que vuelven a trabajar y trabajadores que temen perder el empleo.
La historia argentina enseña que los pueblos pueden soportar mucho, pero no indefinidamente.
Se puede gobernar con épica, con metáforas y con enemigos imaginarios. Lo que no se puede es llenar la heladera con discursos. Y cuando la realidad le gana al relato, no hay Narnia que alcance para esconder el malhumor de un país que empieza a cansarse.
Perón decía que “cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento.”
Mientras el presidente Javier Milei y su entorno afinan el discurso para inaugurar la Asamblea Legislativa el próximo domingo a las 21, prometiendo un país de fantasía donde “todo crece” y “los salarios vuelan”, la realidad cotidiana de los argentinos cuenta otra historia. Una menos épica, más áspera. Una que no se declama en cadena nacional, sino que se padece en el supermercado, en la factura de luz y en la farmacia.
El relato oficial habla de recuperación y reformas modernizadoras. Pero los datos muestran otra cosa. La inflación no se detiene en un contexto de estancamiento económico. La consultora EcoGo advirtió que los precios de los alimentos volvieron a subir en la tercera semana de febrero y que el mes podría cerrar por encima del 3%. A eso se suman nuevos aumentos de tarifas en marzo, justo cuando las familias deben afrontar el inicio de clases: útiles, mochilas, uniformes y transporte.
El consumo atraviesa uno de sus peores momentos. Según relevamientos sectoriales, uno de cada cuatro supermercadistas afirma que su negocio está en crisis y el 80% cree que la situación no mejorará en el corto plazo. En ese marco, el 22,5% anticipa reducción de personal. Más despidos, más incertidumbre.
En el mundo productivo, el cierre de empresas se multiplica. En paralelo, la situación de los jubilados es alarmante. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) señala que la tasa de actividad de personas mayores de 66 años alcanzó el 48,6%, el registro más alto para un tercer trimestre desde 2016. Pero lejos de ser una buena noticia, el propio informe advierte que se trata de un fenómeno “supervivencial”: jubilados que regresan al mercado laboral no por elección, sino porque sus haberes ya no alcanzan para cubrir gastos básicos. La actividad en ese segmento creció 11% interanual.
La paciencia tiene un límite. En los últimos días crecieron las movilizaciones contra la reforma laboral y más de un centenar de gremios evalúan nuevas protestas frente al Congreso. El malestar social ya no es silencioso.
A la tensión sindical se suma un conflicto inesperado: el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió suspender toda la actividad del fútbol local entre el 5 y el 8 de marzo, en rechazo a la causa por presunta evasión impositiva contra sus autoridades. El parate afectará a la novena fecha del Torneo Apertura y a todas las categorías. La declaración indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está prevista para el 5 de marzo en el marco de una denuncia impulsada por ARCA por una presunta deuda que superaría los 19 mil millones de pesos.
Desde la dirigencia del fútbol sostienen que el conflicto tiene un trasfondo político: la resistencia a la privatización de los clubes, una bandera que el oficialismo impulsa desde el inicio de la gestión. La designación del juez Diego Amarante —quien sobreseyó a Mauricio Macri en la causa Panamá Papers— y la decisión de prohibirle la salida del país a Tapia alimentaron aún más la polémica.
El escenario es tenso. Gobierno, sindicatos y fútbol: tres frentes abiertos en simultáneo.
El domingo, Milei hablará ante la misma Asamblea Legislativa a la que alguna vez calificó como “ratas”. Tendrá aplausos propios y discursos encendidos. Anunciará reformas, insistirá en el ajuste y reivindicará su rumbo. Pero afuera del recinto, la discusión es otra: salarios que no alcanzan, empresas que bajan persianas, jubilados que vuelven a trabajar y trabajadores que temen perder el empleo.
La historia argentina enseña que los pueblos pueden soportar mucho, pero no indefinidamente.
Se puede gobernar con épica, con metáforas y con enemigos imaginarios. Lo que no se puede es llenar la heladera con discursos. Y cuando la realidad le gana al relato, no hay Narnia que alcance para esconder el malhumor de un país que empieza a cansarse.
Perón decía que “cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento.”