El fiscal federal Carlos Stornelli —procesado en su momento por graves inconductas y por sus vínculos con el falso abogado Marcelo D’Alessio— denunció al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por presunta incitación a la violencia, amenaza de sedición y eventual afectación del orden constitucional.
¿El motivo? Declaraciones públicas en las que Quintela afirmó que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027” y sostuvo que “hay sacrificios que valen la pena”, en alusión a la crisis de 2001.
La presentación quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py. En un escrito de cuatro páginas, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 sostuvo que tomó conocimiento de los hechos “por haber tomado estado público” y promovió la denuncia para que, mediante la correspondiente instrucción, se investigue la posible comisión de delitos como incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y amenazas contra el orden constitucional.
Según el fiscal, las manifestaciones realizadas el 23 de febrero en el programa “Mañana Sylvestre”, conducido por Gustavo Sylvestre en Radio 10, “prima facie podrían ser susceptibles de adecuación típica” en figuras penales vinculadas a la violencia colectiva y la sedición, lo que —según argumentó— adquiriría mayor gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio.
La decisión abre un nuevo capítulo en la creciente judicialización del debate político. Porque si una declaración crítica sobre la continuidad de un gobierno puede ser encuadrada como sedición, el límite entre la discusión democrática y el delito empieza a volverse peligrosamente difuso.
Y el dato no es menor: quien impulsa la denuncia es un fiscal que atravesó cuestionamientos severos y cuya permanencia en el cargo fue posible gracias a decisiones judiciales que lo mantuvieron en funciones pese a las controversias.
La escena tiene algo de ironía brutal: un fiscal envuelto en escándalos denunciando por sedición a un gobernador por sus palabras. En la Argentina de hoy, Comodoro Py ya no solo interpreta la ley: también parece arbitrar la temperatura del debate político. Y cuando la Justicia empieza a confundir opinión con delito, la democracia deja de discutirse en las urnas… y empieza a discutirse en los tribunales.