La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este martes al Palacio de Justicia y presentó acciones judiciales contra la reforma laboral aprobada por el Congreso. En un documento de tono inusualmente duro, la central obrera calificó la norma como un “retroceso histórico” que pone en riesgo derechos conquistados durante décadas y que abre la puerta a mayor precarización y conflictividad social.
La protesta incluyó un acto frente a los tribunales, donde los dirigentes sindicales advirtieron que no se trata solo de una discusión técnica sobre convenios o indemnizaciones, sino de un cambio estructural en el modelo de relaciones laborales.
Según el texto difundido, los problemas de pobreza, desempleo y trabajo informal no se originan en el marco normativo vigente, sino en la falta de crecimiento sostenido, inversión productiva y políticas de desarrollo. Para la CGT, el deterioro social responde a decisiones macro y microeconómicas adoptadas en los últimos años y no a un supuesto “exceso de derechos laborales”.
La central sindical sostiene que la reforma forma parte de un programa económico más amplio que, lejos de generar empleo, profundiza la caída de la actividad y debilita el poder adquisitivo.
En el documento, la CGT hace eje en la presunta inconstitucionalidad de la ley. Señala que vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales —que impide retrocesos en materia de protección laboral— y el principio protectorio que rige el derecho del trabajo.
También advierte sobre una posible afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, particularmente en lo referido a:
- Protección contra el despido arbitrario
- Derecho de huelga
- Negociación colectiva
- Libertad sindical
Además, menciona eventuales incompatibilidades con tratados internacionales suscriptos por la Argentina que tienen jerarquía constitucional.
La CGT anticipó que, además de la vía judicial, impulsará medidas de “visibilización y protesta”, incluyendo asambleas, paros y movilizaciones, para presionar políticamente y revertir lo aprobado en el Congreso.
El conflicto, así, se traslada ahora al terreno judicial. El Gobierno sostiene que la reforma moderniza el mercado laboral y generará empleo. El sindicalismo replica que lo único que se moderniza es la forma de despedir y flexibilizar.
La batalla ya no está solo en el Congreso: ahora se libra en los tribunales y en la calle. El Gobierno consiguió los votos, pero no consiguió consenso social. Y cuando una reforma nace bajo la etiqueta de “inconstitucional” y con amenaza de paros generales, el problema deja de ser jurídico y se vuelve político. Porque en la Argentina, cada vez que el trabajo pierde derechos, la conflictividad gana protagonismo.
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