La reforma laboral terminó judicializada pocas horas después de que fuera promulgada. La Confederación General del Trabajo (CGT) acudió ayer, tal como había anticipado, a los tribunales para pedir que frenen y declaren la invalidez de la llamada Ley de Modernización Laboral.
La presentación judicial se realizó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico, el mismo magistrado que en 2024 había dejado sin efecto parte del decreto de desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La iniciativa judicial se presentó luego de la sanción y oficialización de la ley, considerada por el Ejecutivo como una pieza central de su programa económico. Según la central obrera, “la normativa vulnera el principio de progresividad o no regresión, que impide adoptar medidas que impliquen retrocesos injustificados en derechos laborales adquiridos”.
El escrito también sostiene que “se afecta el principio protectorio del derecho laboral, basado en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, cuyo objetivo es equilibrar la relación y evitar abusos sobre la parte más débil”.
En ese sentido, la CGT advirtió que la reforma “impacta sobre derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social”.
La organización sindical cuestionó además la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas, la eliminación de recargos por horas extras y la eventual reducción de salarios.
También objetó “la eliminación de sanciones a empleadores que incumplen con aportes previsionales y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas a través del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”.
El recurso judicial se inscribe en una estrategia más amplia del movimiento sindical para frenar la reforma, que ya había sido anticipada con movilizaciones y advertencias públicas contra la iniciativa oficial.
Con el amparo presentado, la discusión sobre la reforma abre ahora un nuevo frente en los tribunales. Será la Justicia la que deberá definir si la norma puede aplicarse plenamente, o si corresponde suspender algunos de sus artículos mientras se analiza su constitucionalidad.