Por estos días, no pocos funcionarios en Casa Rosada se preguntaban cuánto tiempo más podrá mantenerse en el cargo Manuel Adorni, frente a una sociedad que lo mira con desconfianza, a pesar de los recurrentes ataques de Javier Milei y su séquito, culpando al periodismo y a los K, ante lo que él considera una campaña contra el Gobierno.
Sin ir más lejos, hoy un peso pesado de Clarín, como lo es el editorialista Ricardo Kirchschbaum, ya plantea directamente que el tambaleante jefe de Gabinete tiene los días contados, y hasta se anima a lanzar una lista de posibles sustitutos que, según él, la encabezan los ministros del Interior y de Capital Humano, Diego Santilli y Sandra Pettovello, respectivamente.
Hay quienes recuerdan, pese a que no son situaciones comparables, el caso Espert. Aquella vez también Milei se puso al frente de la defensa y se desacreditaron las versiones periodísticas. El propio protagonista escribió un tuit para desmentir que no se bajaba de la candidatura a diputado por las denuncias de haber recibido plata del narcotráfico, y asistió a la Residencia de Olivos como muestra de fe. Lo mismo hizo ahora Adorni. Como se sabe, aquel ímpetu de Espert duró menos que un fin de semana.
Es que la investigación judicial sobre los vuelos en jet privado del jefe de Gabinete y su familia a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, sumó un capítulo que podría complicar la situación del funcionario: el foco de la tormenta se desplazó hacia la documentación presentada por el piloto Agustín Issin, quien asegura haber costeado el tramo de regreso de la familia presidencial.
El dato más llamativo que analiza el juez Ariel Lijo es la temporalidad de los comprobantes. Según los registros incorporados al expediente, Issin presentó una factura por la supuesta “reventa” del vuelo al periodista Marcelo Grandio —amigo de Adorni— por un monto de 3.000 dólares.
Sin embargo, el documento está fechado el 9 de marzo. Esta fecha es clave para los investigadores, porque coincide exactamente con el momento en que el escándalo comenzó a trascender en los medios de comunicación, semanas después de que el viaje se hiciera efectivo el 17 de febrero. Para la querella, esto sugiere una maniobra de “blanqueo” posterior para intentar justificar un gasto que Adorni no puede explicar con su sueldo.
Mientras la Casa Rosada intenta desviar la atención hacia supuestas filtraciones internas y apunta contra una empleada del aeropuerto de San Fernando, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados.
Mientras tanto, la Justicia busca determinar si los vuelos fueron un regalo —lo que configuraría el delito de dádiva— o si Adorni los pagó con fondos no declarados, que podría derivar en una causa por enriquecimiento ilícito.
En paralelo, se analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del Aeropuerto de San Fernando y se requirieron informes a la ANAC y Aduanas para verificar si el jefe de Gabinete y su familia cumplieron con los trámites migratorios correspondientes.
Hubo demasiadas inconsistencias en sus explicaciones y en las del amigo, el empresario Marcelo Grandio, quien financió ambos vuelos, pese a que -en una de las entrevistas- aseguró, con furcio incluido, que Adorni había pagado una parte “con plata del Estado”. Ante preguntas muy simples no pudieron dar precisiones y decidieron no volver a dar entrevistas.
La última semana fue todavía más complicada para Adorni que la anterior, cuando se reveló el viaje a Nueva York con su esposa, Bettina Angeletti, en el Tango 01, y la estadía en el lujoso hotel The Langham de la Fifth Ave. La Justicia investiga ahora una denuncia de la diputada Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito y buscará determinar con qué fondos compró una casa en el Indio Cua Country Club. Su sueldo es de algo más de $4.000.000, pero hasta diciembre era inferior a los tres millones. Su declaración jurada, presentada ante la Oficina Anticorrupción, no incluye la propiedad ni un patrimonio considerable previo a la función pública.