Frente a un gobierno nacional que minimiza el deterioro social, el gobernador Axel Kicillof avanza en una estrategia política e institucional para contener el impacto de la crisis en el territorio bonaerense. En ese marco, convocó a los 135 intendentes —sin distinción partidaria— a una reunión clave en el Salón Dorado de la Gobernación para coordinar respuestas frente al complejo escenario económico.
La iniciativa surge en un contexto donde, tanto desde las encuestas como desde la gestión cotidiana, se percibe un creciente desgaste del gobierno de Javier Milei. En la provincia de Buenos Aires, el impacto se traduce en caída de la actividad, cierre de fábricas, aumento de la desocupación y salarios que pierden frente a una inflación que sigue golpeando el bolsillo.
Kicillof, lejos de replegarse, sostiene una doble agenda: gestión y disputa institucional. Por un lado, impulsa una ofensiva judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar fondos adeudados por Nación. Por otro, busca construir un diagnóstico colectivo junto a los intendentes bajo la consigna: “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”.
El encuentro tendrá carácter transversal: participarán jefes comunales del peronismo, la UCR, el PRO, espacios vecinalistas e incluso sectores libertarios. El objetivo es claro: analizar el impacto de las políticas nacionales sobre las cuentas provinciales y municipales, afectadas por la caída de la coparticipación, la baja recaudación producto de la recesión y una deuda nacional que ya supera los 15 billones de pesos.
En la primera línea de la crisis están los municipios. Son ellos quienes reciben el reclamo directo de los vecinos y han debido reforzar la asistencia social: alimentos, medicamentos e incluso ayuda para afrontar tarifas de servicios básicos. La reunión contará con la presencia de todo el gabinete provincial, en busca de articular medidas urgentes.
En paralelo, la Provincia mantiene siete demandas abiertas contra Nación. La Corte ya convocó a una audiencia y fijó un nuevo encuentro para el 21 de abril. En La Plata hay expectativas de que el máximo tribunal presione por un acuerdo, como ocurrió en el caso de Córdoba. Sin embargo, las tensiones políticas con la Casa Rosada anticipan un camino complejo.
El detalle de la deuda es contundente: 8,7 billones por obras públicas paralizadas; 3,8 billones por fondos específicos como el FONID y transferencias previsionales; 3,1 billones por programas nacionales discontinuados; además de 4,3 billones por caída en la coparticipación y 2,3 billones por pérdida de recaudación propia.
Mientras tanto, desde la Casa Rosada el foco parece estar en otro lado. Entre viajes internacionales y alineamientos con sectores de ultraderecha, el gobierno nacional evita hacerse cargo del deterioro interno. Los escándalos, como el caso $Libra o las polémicas que rodean al vocero Manuel Adorni, conviven con una realidad de tarifas en alza, transporte cada vez más caro y empresas que bajan sus persianas.
Dos modelos, dos velocidades: mientras Milei ajusta y niega, Kicillof convoca y gestiona. En una Argentina donde la crisis ya no se discute sino que se sufre, la verdadera grieta no es ideológica: es entre un gobierno que mira para otro lado y una sociedad que ya no puede esperar más.