En un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei, la Justicia laboral decidió suspender de manera provisoria varios artículos centrales de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La medida, dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, pone en duda la constitucionalidad de cambios que, según se advierte, podrían vulnerar derechos básicos de los trabajadores.
La resolución se dio a partir de una presentación de la CGT, que cuestionó la ley por considerar que introduce retrocesos en materia de derechos laborales. En su planteo, la central obrera sostuvo que las modificaciones afectan garantías fundamentales como la protección del trabajo, la libertad sindical y el principio de progresividad, que impide avanzar hacia condiciones más desfavorables para los trabajadores.
El juez interviniente entendió que existen elementos suficientes para dictar una medida cautelar. En términos jurídicos, consideró que hay una “apariencia de buen derecho”, es decir, indicios razonables de que los reclamos podrían tener fundamento. Por eso, resolvió frenar la aplicación de los artículos cuestionados hasta que se analice en profundidad la cuestión de fondo.
Además, el magistrado reconoció la legitimidad de la CGT para impulsar este tipo de acciones colectivas, al tratarse de derechos que afectan a un conjunto amplio de trabajadores. En esa línea, también advirtió sobre el riesgo de que la reforma genere una situación de “desprotección” y debilite herramientas clave de organización sindical.
Uno de los puntos más relevantes del fallo es la defensa del rol del Poder Judicial frente a posibles excesos del Ejecutivo o del Congreso. El juez dejó en claro que intervenir en estos casos no implica una intromisión indebida, sino el cumplimiento de una función esencial: garantizar que las leyes respeten la Constitución.
Mientras tanto, el Gobierno ya anticipó que apelará la decisión. Desde el oficialismo argumentan que la reforma fue sancionada dentro de las facultades del Congreso y que su suspensión afecta el interés público. Sin embargo, la Justicia optó por priorizar la protección de derechos hasta que exista una sentencia definitiva.
La medida es provisoria, pero el mensaje político es contundente: el intento de avanzar rápidamente sobre el mundo del trabajo encontró un límite.
El plan de Milei de “modernizar” el mercado laboral chocó de frente con la Constitución. Y esta vez no fue la política la que puso el freno, sino la Justicia. Porque cuando el ajuste avanza sobre derechos básicos, deja de ser reforma… y pasa a ser retroceso.