El gobierno de La Libertad Avanza, con el apoyo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, logró aprobar la modificación de la Ley de Glaciares por 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, lo que en la Casa Rosada intentaron mostrar como una victoria política contundente, rápidamente empezó a transformarse en un triunfo de corto alcance.
Diversas organizaciones ambientalistas ya anticiparon que judicializarán la reforma, al considerar que abre la puerta a una mayor explotación minera en zonas sensibles. La acusación es directa: denuncian que el Gobierno flexibilizó la normativa para favorecer a empresas transnacionales, en una decisión que, lejos de cerrar el debate, lo traslada ahora a los tribunales.
Mientras tanto, puertas adentro, las tensiones no ceden. El caso de Manuel Adorni se convirtió en un nuevo foco de conflicto dentro del oficialismo. Sostenido por Karina Milei, quien presiona para que cualquier eventual salida también arrastre a Santiago Caputo, el vocero presidencial sigue en el centro de las sospechas.
La declaración judicial de la escribana Adriana Nechevenko, quien visitó en reiteradas ocasiones la Casa Rosada, no hizo más que complicar su situación. Según su testimonio, las condiciones en las que Adorni adquirió su departamento en Caballito —incluyendo un diferimiento de pago por 200.000 dólares sin intereses— generan más interrogantes que certezas.
Los números tampoco cierran. En menos de un año, el funcionario habría desembolsado cerca de 85.000 dólares entre propiedades y compromisos financieros, pese a haber declarado un patrimonio considerablemente menor. A esto se suman viajes al exterior —incluyendo vuelos privados y destinos exclusivos— que contrastan con sus ingresos oficiales.
El escándalo golpea en un momento particularmente delicado. Mientras funcionarios quedan bajo la lupa por su patrimonio, crecen las versiones sobre créditos millonarios otorgados desde el Banco Nación a integrantes del oficialismo, en algunos casos destinados a la compra de nuevas propiedades.
En paralelo, la crisis económica se siente en la calle. El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una nueva situación crítica. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició una retención de tareas que redujo las frecuencias en aproximadamente un 30%, afectando a miles de usuarios.
El conflicto se desató por la falta de pago de salarios en varias empresas del sector. Aunque el Gobierno aseguró haber girado los fondos, desde el gremio advierten que el dinero no llegó a todas las compañías. La consecuencia es directa: menos colectivos, más espera y un servicio cada vez más deteriorado.
La medida impacta sobre un centenar de líneas y podría profundizarse si no hay una solución inmediata. Este mismo jueves está prevista una reunión clave en la Secretaría de Transporte para intentar destrabar el conflicto, en medio del reclamo por mayores subsidios ante el aumento del costo del gasoil.
El cuadro es elocuente: una victoria legislativa cuestionada, un escándalo que escala dentro del propio gobierno y un conflicto social que afecta a millones.
En la Rosada festejan votos mientras afuera crece el malestar. La política suma triunfos en el recinto, pero pierde credibilidad en la calle. Y cuando los números no cierran, los colectivos no pasan y las explicaciones no alcanzan, el problema deja de ser discursivo: empieza a ser político… y peligroso.