El gobierno del presidente Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que asumió, envuelto en una serie de escándalos que no sólo erosionan su credibilidad, sino que además exponen tensiones internas difíciles de disimular. La sensación que empieza a instalarse es la de una administración que perdió el control del relato y que, cada día, se hunde un poco más en su propio laberinto.
En el centro de la tormenta aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostenido con firmeza por Karina Milei, quien juega un rol cada vez más determinante en la toma de decisiones. Sin embargo, lejos de estabilizar la situación, la defensa cerrada del funcionario parece profundizar la crisis política.
Por estas horas, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con un pedido clave: el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La medida apunta a reconstruir el patrimonio del funcionario, incluyendo cuentas, plazos fijos, créditos, consumos con tarjetas y posibles vínculos con billeteras virtuales. La Justicia, de avanzar, podría abrir una caja de Pandora difícil de cerrar.
Las sospechas no son menores. En menos de un año, Adorni habría adquirido tres propiedades —en Parque Chacabuco, Caballito y un country— a lo que se suman gastos que generan ruido: viajes en avión privado a Punta del Este, escapadas a Aruba y un reciente paso por Nueva York en el marco de la Argentina Week 2026, que incluyó una extensión personal del viaje y regreso en primera clase, con pasajes que rondaron los 5.000 dólares cada uno.
Como si fuera poco, el fiscal también puso la lupa sobre un grupo de mujeres que habrían firmado hipotecas privadas con el jefe de Gabinete, ampliando el espectro de la investigación y sumando nuevas incógnitas sobre el origen de los fondos.
Pero el escándalo no termina ahí. En paralelo, volvió a escena una de las causas más sensibles: las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fiscal Franco Picardi pidió nuevas indagatorias para Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, en el marco de una investigación que ya habla de un esquema de corrupción estructural.
Según la fiscalía, se habrían detectado maniobras coordinadas entre funcionarios y empresarios para direccionar contrataciones, inflar precios y apropiarse de fondos públicos. El número impacta: más de 75.000 millones de pesos habrían salido del Estado hacia un grupo reducido de empresas.
Los audios incorporados a la causa agregan un condimento explosivo. En ellos se habla de alineamientos internos, de “cerrar filas” y de la necesidad de evitar “torpezas”, dejando entrever un entramado que excede decisiones individuales. Más grave aún, aparecen menciones a supuestos retornos del “3%” que salpicarían a la propia hermana del presidente, lo que podría escalar el conflicto a niveles políticos aún más altos.
Y como telón de fondo, sobrevuela otra bomba de tiempo: la causa conocida como $Libra, una presunta estafa millonaria que también comprometería al propio presidente.
En este contexto, el discurso oficial empieza a mostrar fisuras. Aquella consigna de “la moral como política de Estado”, proclamada por Milei en la Asamblea Legislativa, hoy choca de frente con una realidad cargada de sospechas, denuncias y contradicciones.
El problema ya no es sólo la crisis: es la pérdida total de autoridad moral. Mientras el gobierno predica pureza, la realidad le devuelve escándalos. Y cuando el relato se derrumba, lo que queda al descubierto no es un error… es el verdadero rostro del poder.