El gobierno de Javier Milei, cada vez más acorralado por una inflación que no logra domar —ya por encima del 3% mensual—, volvió a descargar el peso del ajuste sobre los sectores más vulnerables. Esta vez, el blanco elegido fueron los jubilados.
La decisión de modificar el esquema del bono de $70.000 confirma una lógica que se repite: cuando las cuentas no cierran, el recorte cae sobre quienes menos tienen. Lejos de tratarse de un beneficio significativo, ese bono ya era apenas un parche frente al deterioro brutal del poder adquisitivo. Sin embargo, ahora ni siquiera eso está garantizado para todos.
A partir de abril, solo quienes perciban la jubilación mínima de $380.319,31 recibirán el bono completo. El resto verá cómo ese ingreso adicional se reduce de manera progresiva hasta desaparecer por completo. Es decir, aquellos jubilados que cobran apenas un poco más que la mínima —muchos de ellos después de toda una vida de trabajo— serán castigados con un recorte directo en sus ingresos.
El mecanismo es claro y brutal: quien cobre $400.000 recibirá un complemento de $50.319; con $420.000, el extra baja a $30.319; y con $440.000, apenas $10.319. El objetivo es que nadie supere el tope de $450.319,31. En la práctica, esto significa igualar hacia abajo, licuar ingresos y empujar a miles de adultos mayores a una situación cada vez más crítica.
Todo esto ocurre en paralelo con un aumento del 2,9% que resulta absolutamente insuficiente frente al costo de vida. La suba mensual no alcanza a compensar la escalada de precios en alimentos, medicamentos y servicios, que golpea con mayor dureza justamente a los jubilados.
El cuadro se agrava aún más con el deterioro del sistema de salud. La falta de medicamentos en el PAMI y las dificultades para acceder a tratamientos básicos configuran un escenario alarmante. Para muchos abuelos, la elección cotidiana ya no es entre vivir mejor o peor, sino entre comer o medicarse.
El calendario de pagos, que comienza el 10 de abril según la terminación del DNI, pasa a ser un dato casi secundario frente a una realidad mucho más profunda: los ingresos no alcanzan y el Estado se retira justo donde más debería estar presente.
Lo que está en juego no es solo un bono. Es el modelo de país. Un modelo donde el ajuste no se reparte, sino que se concentra. Y donde los jubilados, lejos de ser protegidos, son tratados como una variable más del recorte.
Mientras el Gobierno habla de “ordenar la economía”, la pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: ¿ordenar para quién? Porque cuando el equilibrio fiscal se construye sobre el hambre y la angustia de los jubilados, ya no es un plan económico… es, directamente, una condena social.