7 diciembre, 2016

El conurbano bonaerense ya es un polvorín

Por Alfredo Silletta. El conurbano bonaerense está integrado por 24 municipios con una población superior a los 16 millones de habitantes.
Hoy el Frente para la Victoria controla 15 comunas (Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela y Berazategui); Cambiemos controla 6 municipios (San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, Morón, Lanús y Quilmes); el Frente Renovador controla dos municipios (Tigre y San Fernando) y San Miguel, que estaba en la órbita del FR, pasó por estos días a estar más cerca de Cambiemos, aunque oficialmente el intendente no lo anunció.
La totalidad de los intendentes reconoce que la situación es crítica. Los incrementos en las tarifas de electricidad, gas y agua, más el transporte y el aumento de los alimentos ha golpeado a la mayoría de las familias humildes, de allí que ha crecido el número de vecinos que va a los comedores comunitarios.
Más allá de que el diario La Nación diga que “hablar de pobreza” en el conurbano es golpismo, el observatorio Social de la Universidad Católica señaló que en los últimos meses hubo cerca de dos nuevos millones de pobres.
Algunos jefes comunales lo exteriorizan más y otros menos, pero fuera de los micrófonos todos están sumamente preocupados. Los de Cambiemos también, pero tienen orden de no verbalizarlo para no perjudicar al gobierno nacional y provincial. “La situación es crítica en algunas zonas del Conurbano debido al aumento de la demanda de las familias que ya no pueden completar sus necesidades diarias de alimentación”, dicen los intendentes.
El gobierno de María Eugenia Vidal sabe que hay algunos distritos calientes como La Matanza, Merlo, San Martín, Quilmes, Lomas de Zamora y Avellaneda. De allí que aumentó la ayuda social en más de 9 millones de pesos, pero los intendentes dicen que no llega. En una reunión reciente en el PJ bonaerense afirmaron que “hay un retraso en la entrega de leche para la atención de las embarazadas y los chicos en los hospitales, que en cinco meses no recibieron nada y ahora sólo se está recibiendo entre un 4 o 5% de lo necesario”.
Hace unas semanas atrás, el titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, anunció que se estaba negociando la apertura de 600 merenderos y comedores en la Provincia. Paralelamente, el gobierno provincial ordenó aumentar la seguridad en los supermercados por el temor a saqueos que han planteado algunas organizaciones sociales como Barrio de Pie.
Captura de pantalla 2016-06-08 a las 4.21.46 p.m.En los últimos días, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien frenó los aumentos con un amparo, afirmó que “hay que dar marcha atrás en estos aumentos tan feroces y tan voraces. Hay una complejidad social, la inflación y los despidos han generado familias que ya no llegan a comer”. Por su parte, el ex intendente Fernando Espinoza afirmó que “en los comedores de La Matanza ya hay un doble de chicos que antes”.
El intendente de Moreno, Walter Festa, dice que su distrito está pasando por una situación económica muy difícil. “Ya no podemos pagar la recolección de la basura para poder pagar los salarios de los trabajadores. Con el ajuste que ha habido la gente tiene que elegir entre comer, pagar la luz y obviamente el impuesto municipal es lo primero que deja de pagar,” dice Festa y advirtió que será difícil pagar los sueldos de junio.
El jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, reconoce que en su municipio “la demanda alimentaria en los comedores se incrementó un 20%”. Muchísimo.
Un intendente moderado, como Gabriel Katopodis, de San Martín, salió a cuestionar las políticas del gobierno nacional y la soberbia de sus ministros y se presentó en la justicia para pedir un amparo en las tarifas de los clubes de barrio. En Tigre, territorio de Massa, el intendente Julio Zamora comentó los problemas que sufren los isleños porque las lanchas que los transportan aumentaron el boleto de 14 a 30 pesos el viaje, debido a la suba del combustible.

Los jefes comunales saben que hay en el territorio un tembladeral y quieren detenerlo. Les preocupa un estallido social porque los perjudicados siempre son los más humildes. La solución no la tienen ellos sino el gobierno nacional.

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