Los ministros de Justicia y Energía, Germán Garavano y Juan José Aranguren, anunciaron que el Gobierno llamará a audiencias públicas para tratar los aumentos dispuestos en gas y electricidad que fueron frenados en distintas instancias judiciales. Aranguren habló de una audiencia “informativa” y a la vez “participativa”, en un nuevo intento por legitimar las alzas, aun cuando un mecanismo como el anticipado seguiría siendo objetable en la Justicia debido a que resultaría posterior a la toma de la decisión.
Aranguren consideró que un “principio de solución” al conflicto de las tarifas de gas es la audiencia pública para el valor del transporte y la distribución, que forma parte de la revisión integral de los contratos y que ya fue convocada para octubre. En opinión del Gobierno, no es necesario celebrar audiencia por el precio del gas que perciben las petroleras y por el precio mayorista de la energía.
Aranguren no se quedó atrás y amenazo a la Corte: “sería muy grave que la Corte Suprema falle contra los aumentos de tarifas porque se necesitarían $22.000 millones para reponer subsidios”.
Esta mañana, el abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ADECUA), Osvaldo Riopedre, advirtió que una audiencia informativa “no va a cumplir los requisitos” necesarios para avalar aumentos en las tarifas de los servicios públicos.
“Una audiencia informativa no va a cumplir los requisitos, vamos a perder tiempo, va a haber impugnaciones, van a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen, y vamos a retrasarnos 20 o 30 días más”, aseguró.
En declaraciones radiales, pidió al Gobierno ser “serios y responsables, cumplir con las normas” porque si no, el conflicto durará “todo el año” y destacó que el principal argumento de los fallos judiciales que frenaron los aumentos es la falta de audiencia pública, un requisito que fija el marco regulatorio de cada servicio público, pero que el Gobierno afirma que no es necesario cumplir.