Intentarán detener a Cristina antes de las PASO

Por Alfredo Silletta. El intento de meter preso a Lula da Silva en Brasil para que no se presente como candidato en las elecciones de 2018 y el hecho que Cristina Kirchner encabece todas las encuestas en la provincia de Buenos Aires enloqueció a la mesa chica del presidente Mauricio Macri, a los medios hegemónicos y al partido judicial. “Hay que frenarla ya, no puede ganar las elecciones”, dice un alto funcionario de la Rosada. Los medios hegemónicos lo tomaron al pie de la letra y tanto el Grupo Clarín como el diario La Nación salieron a presionar para que el juez Claudio Bonadío la detenga.

Ayer, el periodista de radio Mitre pedía a los gritos al juez Bonadío que detenga a Cristina. Consultado por Pablo Rossi, el magistrado explicó qué ocurriría si se comprobara que la responsable de obstruir la justicia fuera Cristina. “No puedo hacer futurología. Si se acredita la hipótesis, se tomarán las decisiones procesales que correspondan”. Luego agregó: “Después de rodar la primera piedra, puede haber una etapa que parezca muerta, pero luego el desmoronamiento y la aceleración de los tiempos procesales los fijan las pruebas.”

Hoy el columnista estrella de La Nación, Joaquín Morales Solá, afirmó que la ex presidenta “está a punto de ir presa”. Dice que, si el contador afirmará que recibió órdenes de ella, automáticamente va a la cárcel. “Por primera vez Cristina Kirchner está cerca de la prisión”, enfatiza el columnista.

La Constitución en su artículo 68 señala que ningún miembro del Congreso puede ser acusado o interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. En el artículo 69 afirma que ningún legislador puede ser detenido, excepto en caso de ser sorprendido in fragante en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte.

El derecho de los legisladores fue limitado por la Ley de Fueros aprobada en septiembre de 2000 luego del escándalo por los sobornos que se pagaron por la aprobación de la llamada “ley de reforma laboral”. En ella se establece que un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado, pero sí puede llevarse adelante todo el resto del proceso judicial. Lo que la ley sí prohíbe es que se allanen el domicilio o las oficinas de los legisladores. En los artículos 3 y 4 especifica que si un legislador fuera detenido, el juez deberá informar al Congreso quien decidirá si se le retira o no los fueros con los dos tercios de los votos y en caso de denegar el pedido de desafuero el juez deberá disponer la inmediata libertad del legislador.

Los fueron tienen como función que los miembros del Congreso, también el presidente, vicepresidente y ministros puedan llevar adelante su trabajo sin impedimentos. Sin fueros o inmunidades un presidente podría impulsar que se arreste a legisladores que obstaculicen sus proyectos, o un juez podría mandar a arrestar a un presidente con cuya política no acuerde, lo que implicaría situaciones de golpe de Estado institucional.

La ley dice que Cristina ya tiene oficializada su candidatura a legisladora por la provincia de Buenos Aires, de allí que no puede ser detenida. En caso de suceder sería un escándalo nacional e internacional. Cientos de miles de personas irían hacia la cárcel a pedir por la liberación de la ex presidenta. Macri, ante los ojos del mundo, quedaría como el presidente que detiene a la candidata que todas las encuestas la ponen primera en la provincia. Además, según palabras de Jorge Landau, un especialista en legislación electoral, aunque fuera detenida su candidatura seguiría en curso, no se la puede frenar.

La pregunta final es si Macri-Magnetto-Bonadío se atreverán a tomar una medida inconstitucional con los riesgos que conllevará a la democracia recuperada en 1983.