Cientos de usuarios siguen reclamando ante la Defensoría del Pueblo por facturas que no pueden pagar. Ya suman 600 los casos de vecinos de distintos puntos de la provincia que se desayunaron con boletas exhorbitantes que no se condicen con su nivel de ingresos y que no pueden afrontar. Desde Camuzzi, la empresa que brinda el servicio en la región, adelantaron que no revisarán los casos porque “responden al aumento fijado por el Gobierno nacional”.
“En lo que va del día ya recibimos en La Plata a más de treinta usuarios que vinieron a dejar documentación para iniciar acciones legales, y hubo decenas de otros casos recibidos en Bahía Blanca, Olavarría, 25 de Mayo, Carlos Casares, Bragado y Tandil. Muchos de ellos son jubilados, padres de familias numerosas… personas cuyos ingresos no les permiten afrontar facturas con un 300 por ciento o más con respecto al monto anterior”, aseguraron ayer desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, donde aseguran haber reunido más de 600 casos de este tipo solo en lo que va del mes.
Entre los casos que llegaron ayer a la Defensoría, se encontraba, por ejemplo, el de Marta, una docente jubilada que vive sola en un departamento del casco urbano platense y recibió una factura de gas de 4.381 pesos; o Julia, una odontóloga de Gorina, que vive con su esposo y dos hijos, y tuvo un consumo de 9.322 pesos.
Frente a esta situación, el organismo provincial puso en marcha una iniciativa para representar en la Justicia a los usuarios que consideren que la tarifa de gas recibida resulta desproporcionada en función de sus ingresos, o directamente no la pueden pagar. Y es que muchos de los casos denunciados implican facturaciones bimestrales de entre 4 y 6 mil pesos a personas cuyos sueldos o jubilaciones apenas superan los 10 mil.
La iniciativa, como explicaron ayer desde la Defensoría, “tiene por finalidad la anulación del aumento en base a su falta de razonabilidad y equidad, la vulneración del interés económico de los usuarios por el porcentaje del ingreso familiar destinado a servicios públicos y la falta de accesibilidad a un servicio esencial”.
“Lo que proponemos es reclamarle a la Justicia que ordene una situación que está desordenada, una situación de injusticia, de abuso y de arbitrariedad. Es el derecho de la gente exigir un buen servicio público con valores razonables a los que tiene cada quien, sobre todo cuando se trata de servicios esenciales, como es el gas”, explicó ayer el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Aunque en la Defensoría especulaban con la posibilidad de que el aluvión de reclamos por consumos exorbitantes llevara a Camuzzi a rever la situación, voceros de la empresa adelantaron que “no se van a revisar las facturas denunciadas”, porque “no hubo errores; es todo consumo”, y las montos facturados “responden al aumento que fijó el gobierno nacional”.
En el caso de los jubilados y familias de bajos ingresos que recibieron facturas desproporcionadas para su situación económica, desde la empresa Camuzzi explicaron que “puede que se trate de usuarios que no se hayan anotado en los planes de tarifas sociales que implican un descuento considerable. Se trata de un beneficio para jubilados, pensionados, empleados o monotributistas cuya remuneración mensual sea menor a dos salarios mínimos y personas que trabajan en servicio doméstico o reciben planes sociales. En todo estos casos, no tienen más que acercarse a una delegación de Camuzzi o de Enargas y acogerse a esta posibilidad”.