El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU se expidió sobre el caso de la detención de Milagro Sala y exigió al gobierno de Mauricio Macri su inmediata liberación.
La presentación había sido realizada por Amnesty Internacional y el CELS. Según la resolución del GTDA, Milagro Sala sufre “una irreparable afectación del derecho a la libertad de expresión y a la protesta social”.
La dirigente de Tupac Amaru está detenida ilegalmente por orden del gobernador jujeño Gerardo Morales, convirtiéndose en la primera presa política en el gobierno de Mauricio Macri. Sala se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016.
Organismos de derechos humamos, partidos políticos y legisladores vienen pidiendo por su libertad, pero desde el gobierno nacional y provincial la mantienen detenida.
Ya en marzo, hubo un “llamamiento urgente” cursado a la Argentina, donde invitaba al gobierno del presidente Mauricio Macri a tomar posición sobre el caso: liberar a la detenida o justificar su oposición por escrito. La segunda eventualidad motivaría a estos expertos a definirse sobre el caso. Esta decisión, similar a la adoptada por este mismo grupo en beneficio de Julián Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, no es vinculante.
El organismo determinó que hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. El Grupo concluyó que en este caso se está vulnerando la independencia judicial.
Además, al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad..
A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.
El Grupo entendió que la detención de Sala “se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos”, solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo.