Los fusilamientos de la Masacre de Trelew, en agosto de 1972, dieron cuenta de un drama político que el país vivía sobre el final de la Revolución Argentina, nombre de fantasía de la dictadura implantada desde 1966 que tras el derrocamiento de Arturo Illia impuso una seguidilla de dictadores. Fueron: Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Hacia finales de ese año, todavía había más de un centenar de militantes políticos y gremiales detenidos Rawson, y la consigna apeló a la humanidad y el sentimiento católico: “Por una Navidad sin presos políticos”.
En su primer año de gobierno, el presidente Mauricio Macri enfrenta el mismo reclamo que aquellos dictadores. El escenario del encierro es otro. Está en el norte del país, en Jujuy, la provincia gobernada por el contador radical Gerardo Morales, en alianza con el Frente Renovador. Los presos también son otros: Milagro Sala y sus compañeros de la Tupac Amaru, Graciela López, Mirta Aizama, Gladys Díaz, Mirta “Shakira” Guerrero, Javier Nievas y Beto Cardozo.
Los delitos achacados son también otros, pero ambos con una simbología paradigmática y con una fuerte impronta estigmatizante: antes la subversión y hoy la corrupción.
Lo alarmante es la similitud de la mecánica persecutoria. En 1971, para juzgar a la “subversión”, Lanusse creó lo que se conoció como el “Camarón”, una Cámara Federal en lo Penal que tenía competencia en todo el país para perseguir militantes políticos, sindicales y estudiantiles. Se trataba ni más ni menos que del intento de darle una pátina de legalidad a la persecución política.
Salvando las distancias (el Camarón estaba compuesto, entre otros, por el condenado cómplice de la dictadura, Jaime Smart), Morales presentó, al día siguiente de asumir, un proyecto para ampliar el Superior Tribunal de Justicia y añadió dos diputados propios (que votaron la ampliación) sumando una mayoría de cortesanos radicales. Y en su primera resolución sobre Milagro, emitida el mismo día que la CIDH pedía liberar a la dirigente social, rechazaron los pedidos de excarcelación de sus defensores.
Pero aún más: en diciembre creó la fiscalía anticorrupción y designó a Joaquín Millón Quintana. El organismo fue creado ad hoc: la única investigación que impulsa el fiscal de la oficina anticorrupción es contra Milagro Sala y la Tupac Amaru. Así lo indican los hechos y su página web oficial.
El objetivo es la principal oposición que Morales sabía que encontraría en Jujuy.
Después de 33 años consecutivos de vida democrática, la consigna “Por una Navidad sin presos políticos” volvió a cobrar fuerza en la vida política nacional.
Milagro fue detenida el 16 de enero por protestar. “Después eso se corrigió”, se disculpó el radical Ernesto Sanz en nombre de su correligionario, el gobernador Morales. Y la Justicia jujeña comenzó a encadenar causas judiciales.
La imagen de la diputada nacional Mayra Mendoza violentada por un efectivo de infantería, el manoseo a una concejal de Lomas de Zamora, la detención del presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, los golpes y el maltrato al que fue sometido el resto de los legisladores, dan la pauta del carácter policíaco que tienen las cosas en la provincia gobernada por Morales.
Esta noche Milagro, la Flaca, brindará con Alberto Rodríguez Saá, el único gobernador que hasta el momento se solidarizó con ella. Y mientras el gobierno nacional y el provincial desoyen los reclamos de libertad inmediata de los organismos internacionales encabezados por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, la CIDH, el secretario general de la OEA, entre otros, y de dirigentes y mandatarios del mundo, Milagro esperará en prisión el veredicto del primer juicio en su contra.
Publicada en Tiempoar