El acuerdo al que arribó el Grupo Macri con el gobierno nacional por incumplimientos en el pago de los cánones durante la concesión del Correo Argentino no sólo es abusivo en términos de condonación y quita de deuda sino que adolece de mala fe. La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, presentó ayer un nuevo escrito ante la Sala B de ese tribunal en el que acusa al conglomerado de la familia presidencial, “46 días después de haber obtenido la conformidad del acreedor Estado Nacional” a la propuesta de cancelación de su propia deuda, de “ampliar o ajustar” la demanda que el propio grupo empresario había iniciado contra el Estado dos meses antes, por una suma de 1795 millones de pesos (al año 2009), más un adicional de 570 millones, reclamando “intereses al 11 por ciento anual”, es decir cuatro puntos a su favor por sobre el interés que había pactado en la deuda a favor del Estado. “La concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal, al con comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”, sostiene la fiscal Boquín en su dictamen. “Su posición en este expediente convierte en más abusiva aun la propuesta formulada por el Estado Nacional, pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago”.
Esta semana se conoció el acuerdo que alcanzaron los abogados del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, y el holding de la familia presidencial por el Correo, para saldar esa deuda en 15 cuotas anuales, desde 2018 hasta 2033 con un interés del 7 por ciento y sólo sobre el capital, lo que asciende a 600 millones de pesos. La fiscal ya había denunciado que eso significaba una quita de deuda del 98,2 por ciento porque se lo hacía sin aplicar el interés, lo que significaba un perjuicio público de más de 4227 millones de pesos. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General proyectó ese perjuicio a 2033 en 70.163 millones de pesos.
La fiscal Boquín había ya presentado un escrito por las condiciones abusivas del acuerdo, suscripto el 28 de junio de 2016, pero ayer hizo una nueva acusación. Boquín recordó en su dictamen que 15 días antes del acuerdo (el 13 de junio de 2016), el Correo presentó una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones. Pero dos meses después, el 12 de agosto (46 días después del acuerdo de conformidad del Estado con su propuesta de pago), el grupo Macri “amplió” o “ajustó” la demanda por las sumas de 1795 millones de pesos (al año 2009) más la suma de 570 millones, reclamando intereses al 11 por ciento anual desde la fecha indicada en la presentación. “Todo ello sin perjuicio de que no renunciaba ni desistía de derechos o procesos judiciales”.
En su escrito del 12 de agosto, el Grupo Macri expresa que esta nueva demanda “no puede ni debe ser interpretada como una retractación o cambio de términos de la propuesta de acuerdo aceptada por el Estado Nacional en junio”, en el marco del concurso preventivo de Correo Argentino, ya que la misma “no implicó desistimiento de ningún planteo judicial”.
Al respecto, la fiscal considera que “la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción (que importa un crédito en expectativa) mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”. Boquín, en un nuevo dictamen en el que ratificó la conducta “abusiva” de la empresa, recuerda además que el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras “refiere a suspensión y no a interrupción o condenación” de los intereses, que se aplican sobre el capital acordado. Para sustentar esta postura citó precedentes de la Cámara Comercial.
La fiscal insistió en que la mala fe de la empresa es que nunca informó en la causa por la deuda sobre la demanda por daños y perjuicios. Respecto a este tema, aseveró que “su posición en este expediente contencioso administrativo, convierte en más abusivo aun la propuesta formulada al Estado Nacional pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 mas los interés correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago”.
Cabe recordar que el acuerdo alcanzado esta semana incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. El objetivo de esta nueva demanda, además de dos juicios en curso sobre los que no renunció ni desistió pese al acuerdo, es financiar el pago de su deuda con dinero que obtenga del propio Estado.
La Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo entre el Gobierno y el Correo o si hace lugar al dictamen de la fiscal de rechazar la propuesta. El tribunal está integrado por las juezas Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Piaggi. Piaggi está excusada de intervenir en la causa casi desde su inicio. La fiscal Boquín alerta al final de su escrito que se reserva la posibilidad recurrir ante la Corte Suprema de Justicia en caso de dictarse “una sentencia contraria a lo dictaminado por esta Fiscalía y que lesione el derecho de propiedad de los acreedores”.