El gobierno de Mauricio Macri se quedó sin argumentos y recurre a la misma película. Ante el escándalo del Correo Argentino, imputan a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner en la denuncia de Alberto Nisman. Ante cada problema recurren a los medios hegemónicos o el partido judicial en la campaña feroz contra la ex presidenta.
El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita solicita además unas 30 medidas de prueba para intentar corroborar la hipótesis de Nisman, según la cual habría existido un plan de encubrimiento de los presuntos responsables del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento, que nunca llegó a aplicarse.
Según el fiscal, señalado por presuntos vínculos con el PRO (participó de la CD de Boca), “corresponderá investigar el rol que pudo haberles cabido en las maniobras denunciadas a otros funcionarios del anterior gobierno nacional, tal es el caso de Julio Miguel De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Alberto Zannini y Angelina María Esther Abonna”. Inclusive, deja abierta la posibilidad a ampliar las imputaciones contra “otros funcionarios y/o terceras personas que pudieran haber tomado participación en los hechos denunciados”.
Por esta denuncia ya están imputados la ex presidenta, Cristina Kirchner, el ex canciller, Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia, el ex espía Allan Bogado y el miembro de la comunidad islámica Jorge “Yussuf” Khalil.
En su dictamen, Pollicita requerió a las empresas de telefonía que le informe el entrecruzamiento de llamadas entre los imputados, desde el año 2011, cuando comenzó a negociarse el memorándum que el Gobierno anterior puso en la mesa como la llave para destrabar la investigación por el atentado terrorista. También pide que se le informe sobre los mensajes de texto que se hayan cruzado estos involucrados.
Asimismo, se le pide al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que informe las líneas telefónicas que hubieran sido utilizadas durante el Gobierno anterior, y si Luis D’Elía figuró como funcionarios público entre 2003 y 2015. D´Elía fue subsecretario de Tierras entre 2003 y 2006, cuando Néstor Kirchner lo despidió por haberse manifestado a favor de Irán en la causa del atentado.
Curiosamente, le pide al titular de la AFI, Gustavo Arribas, que informe sobre las líneas telefónicas utilizadas por Parrilli entre agosto y diciembre de 2015, con el fiscal Nisman ya ya fallecido y con el memorándum congelado en la Justicia argentina (y en el parlamento iraní). También, solicita que se informen los registros de visitas a los funcionarios imputados entre 2011 y 2015.
Todo esto, tan solo dos días después de que el Presidente se involucrara en un escándalo por la condonación de una deuda del Correo Argentino, empresa de su padre Franco Macri. Al cierre de esta nota, Mauricio Macri había hecho ya dos apariciones públicas sin hacer mención alguna al hecho.