La sanción de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad fue una buena noticia y una conquista del colectivo, que sostuvo durante meses el reclamo por pensiones, prestaciones y financiamiento. También pesó la voz del papa León XIV: en sus intervenciones recientes habló reiteradamente sobre la discapacidad y ayudó a poner el tema en el centro de la conversación pública. Con ese reclamo social y esa presión pública como telón de fondo, el Senado aprobó la norma por 71 votos. Pero un avance necesario no significa que el Gobierno haya cambiado de rumbo. La aprobación de una muy mala ley de tierras, apenas después, dejó esa continuidad a la vista. En paralelo, el peronismo logró que la próxima semana se trate el proyecto sobre ludopatía.
Qué establece la norma
La ley garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70 % del haber jubilatorio mínimo. También permite compatibilizar la pensión con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta compatibilidad alcanza a quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La norma conserva el nomenclador único de prestaciones y establece actualizaciones periódicas de los aranceles, vinculadas al índice de movilidad jubilatoria y a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, garantiza cobertura básica de salud mediante el programa federal Incluir Salud para quienes perciben una pensión por discapacidad.
En materia presupuestaria, dispone que los recursos asignados al Ministerio de Salud no sean inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal anterior. El objetivo es evitar que la inflación erosione los fondos destinados al sistema.
El texto prevé auditorías periódicas mediante el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esos controles deberán respetar el debido proceso inclusivo y los derechos de las personas beneficiarias.
A pedido de bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que fija un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
La ley es un avance concreto, pero su cumplimiento todavía depende de la reglamentación, los pagos y las actualizaciones. Y su aprobación, conquistada bajo presión social y con el tema instalado también por el Papa, no alcanza para borrar la orientación del Gobierno. La votación siguiente lo mostró.
La ley de tierras expone los límites del cambio
El Senado aprobó por 42 votos contra 26 el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, con respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados. El texto modifica las leyes de Expropiaciones y de Desalojo, y restituye disposiciones de la Ley de Tierras Rurales. El oficialismo presentó la iniciativa como una defensa de la propiedad; sus críticos advierten que también puede acelerar desalojos y reducir herramientas de intervención estatal.
A favor votaron, además de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y el Movimiento por Misiones. En contra lo hicieron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
El recorrido legislativo tuvo cambios. El Gobierno debió retirar modificaciones a las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego. Luego, durante el tratamiento en Diputados y ante el temor de que se derogara el DNU 70/23, se restituyeron disposiciones de la Ley de Tierras que el oficialismo buscaba eliminar.
Qué cambia en tierras y desalojos
La iniciativa reafirma límites a la extranjerización: un máximo del 30 % a escala nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo. También mantiene restricciones para la adquisición de espejos de agua y tierras en zonas de frontera.
En los casos de inmuebles presuntamente usurpados o con ocupación precaria, el juez podrá disponer la entrega inmediata si considera verosímil el derecho invocado y se presenta caución juratoria. A pedido del propietario, podrá intimar la devolución en un plazo de 72 horas, con prueba documental de titularidad.
Para inquilinos con deudas de alquiler, el procedimiento contempla otro plazo: el propietario deberá intimar mediante carta documento y conceder al menos 10 días corridos para regularizar la situación, contados desde la recepción de la notificación.
Expropiaciones y regularización dominial
La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y estar fundamentada. El dictamen fija, además, un tope del 30 % para la indemnización por lucro cesante. La tasa de interés aplicable combinará la variación del IPC con la tasa del Banco Nación a 30 días.
El proyecto también modifica la ley de regularización dominial conocida como “Ley Pierri”. Busca facilitar el acceso a la escritura de la vivienda única a familias que acrediten una posesión pública durante los 10 años previos.
El Gobierno puede sancionar una ley necesaria cuando la sociedad empuja y una voz como la de León XIV vuelve imposible mirar para otro lado. Pero su esencia queda a la vista en lo que impulsa después: una ley de tierras regresiva, que acelera desalojos y recorta herramientas del Estado. Un acierto no cambia el rumbo; la siguiente votación lo delata.
