El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, otorgó una medida cautelar frenando el traspaso del manejo de los comedores escolares a los municipios que dispuso la gobernadora María Eugenia Vidal el año pasado por decreto.
El magistrado, que el Ejecutivo tiene en la mira desde que le dio la razón a los docentes y frenó la conciliación obligatoria, dictó esa resolución en favor de seis consejeros escolares de distritos del Conurbano que alegaron que el decreto 2077 que dispuso el traspaso de la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE) de los Consejos Escolares a los intendentes es “inconstitucional” ya que “resulta contrario a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, que expresamente disponen que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnico –pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares”.
La presentación ante Arias fue realizada por los consejeros escolares del FpV-PJ de Lanús, Agustín Balladares y Roberto Alfredo Crovella; de Berazategui, Héctor Aníbal Peñalva; de Quilmes, Lorenzo Mario Giunta; de Lomas de Zamora, Miguel Ángel Ruiz; y de Cañuelas, Eduardo Della Corte.
En el escrito, los consejeros alegaron también que el decreto firmado por Vidal establece que “la administración de los recursos humanos que llevan adelante el programa alimentario (SAE), será personal municipal, sin explayarse respecto de lo que ocurrirá con el personal auxiliar docente que actualmente lo desempeña”. Y argumentaron que tampoco queda claro “quién continuaría con la ejecución del programa si es dado de baja en el Municipio”.
Arias otorgó la medida cautelar solicitada y suspendió los efectos del decreto de Vidal. De esta manera frenó la “municipalización” del SAE en los municipios que adhirieron al nuevo sistema, a quienes les otorgó 30 días de plazo para volver al sistema anterior, a cargo de los consejos escolares.
Vidal anunció a fines de noviembre el pase de los comedores a la órbita municipal como parte de una prueba piloto en principio para doce municipios y luego para aquellos que quisieran adherir con el objetivo de mejorar el servicio.
La mandataria basó su decisión en un relevamiento realizado durante 2016 en más de mil escuelas de 57 municipios, en el que se detectaron “graves irregularidades como beneficiarios inexistentes, mala gestión de compras, mala calidad de la comida y ausencia de monitoreo o evaluación alguna”.
Arias quedó en la mira del gobierno provincial desde que falló a favor de los gremios FEB y SUTEBA, hace dos semanas, y le ordenó al Ministerio de Trabajo no limitar el derecho a huelga de los docentes. La semana pasada, el diputado de Cambiemos, Guillermo Castello, pidió que se le inicie juicio político por considerar que tiene una “manifiesta parcialidad” política.