La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó parcialmente la cautelar que había obtenido en primera instancia la asociación civil “Será justicia”, ligada al macrismo y al ultraconservador Colegio Público de Abogados. Con esa medida se pretendía impedir que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pudiera disponer el traslado de fiscales. También imposibilitaba los nuevos nombramientos de los fiscales ya concursados, que deben ser aprobados por el Senado y el Poder Ejecutivo. La Cámara mantuvo el freno al llamado a nuevos concursos bajo el reglamento aprobado en 2013, pero la Procuración aprobó ayer el nuevo reglamento, que regirá para todo concurso que se convoque a partir ahora.
Los jueces Marcelo Duffy y Jorge Morán entendieron que mantener la medida cautelar para cubrir los cargos ya concursados significaba suponer la existencia de una “actuación irregular” de parte tanto de la Procuración General de la Nación como del Poder Ejecutivo y del Senado.
El fallo menciona, asimismo, la “aparente inconsistencia” de impugnar e invalidar provisionalmente los concursos que ya finalizaron, cuyos antecedentes se encuentran en la órbita de otro poder del Estado, ya no de la Procuración.
En cuanto a los traslados de fiscales a distintas jurisdicciones, los camaristas recordaron que se trata de una práctica repetida por los anteriores titulares del Ministerio Público. También señalaron que el artículo 15 de la ley 24.946 explicita que “los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad, y conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales”, con la única excepción de aquellos que no den su conformidad a ser llevados fuera de sus provincias o de la Ciudad de Buenos Aires.
Al argumentar contra la medida cautelar otorgada en primera instancia, el Ministerio Público Fiscal había señalado que la causa era producto de una “inadmisible intromisión de una asociación civil de abogados en cuestiones de política institucional determinadas por el Congreso de la Nación en leyes cuya constitucionalidad no había sido discutida”. Y dijo que la medida cautelar dictada en primera instancia afectaba gravemente la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal.
En tanto, el tribunal mantuvo el freno a la Procuración para avanzar con concursos bajo el reglamento aprobado en 2013, al entender “verosímil” el supuesto peligro invocado por “Será justicia”. La agrupación macrista argumentó que podría haber un “direccionamiento injustificado” de esos procedimientos de selección de parte de Gils Carbó. Duffy y Morán sostuvieron que la resolución de ese punto debía darse en el fallo sobre la cuestión de fondo. Sin embargo, la Procuración modificó ayer el reglamento y buscó adecuarlo a la ley orgánica vigente, por lo que podría llamar a nuevos concursos. Al fundamentar la exigencia de un nuevo marco normativo para la selección de los fiscales, Gils Carbó recordó que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal vigente introdujo modificaciones al proceso de selección, a través de la incorporación de principios y prácticas que la Procuración ya había receptado. “Como consecuencia de estas reformas, corresponde dictar un nuevo reglamento que fortalezca y profundice los principios ya arraigados en la institución”, sostuvo.