Con pormenorizados detalles, una asociación civil demostró que las tarifas que se aplican en el servicio del gas domiciliario son abusivas por donde se las mire. Así, queda demostrado que los usuarios pagan aproximadamente el triple de los valores reales del gas en boca de pozo y que fijó el ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren.
Se trata del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que para dar sustento a su estudio, concretó una presentación ante la Justicia federal de La Plata, para exigir lo que se conoce como “declaración de certeza”.
Los abogados Mariano Lovelli y Pedro Sisti sostuvieron que “las dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son inconstitucionales”, por lo que “pedimos que eche luz en un sitio que a nuestro juicio produce oscuridad”.
Señalaron que “los argumentos utilizados para el aumento de tarifas no se sostienen lógicamente, ni recogieron toda la riqueza vertida en las audiencias públicas que Aranguren debió convocar después de que la Corte Suprema nos dio la razón con un fallo”, y que “encima esos argumentos fueron usados para fijar tarifas confiscatorias.”
Lo que el Cepis pide a la justicia es que declare la inconstitucionalidad de los abusivos aumentos, buscando desnudar así los argumentos de Aranguren respecto a “un supuesto deterioro económico de las empresas del sector gasífero entre 2002 y 2015”.
En otras palabras, el ex Ceo de la petrolera Shell buscó, de esa manera, beneficiar a su sector, por lo que ahora será el turno de la justicia para evaluar de qué lado está la razón, defendiendo a las petroleras o a los usuarios.